Manifestantes iraníes se manifiestan en Karaj, Irán. Europa Press/Contacto/Social Media
La República Islámica de Irán atraviesa una de sus crisis más profundas desde su fundación. Lo que comenzó como un reclamo por el desplome de la moneda y el aumento de los alimentos se transformó en una insurrección nacional que ya alcanza a 27 provincias. La respuesta del régimen teocrático ha sido una represión brutal que, según organismos de derechos humanos, ha provocado la muerte de al menos 544 personas y la detención de miles de ciudadanos en todo el territorio.
El detonante económico y la caída del rial
El conflicto estalló el pasado 28 de diciembre, cuando el rial iraní alcanzó un mínimo histórico de 1,42 millones por dólar. Esta devaluación, sumada al incremento de los precios de la gasolina subsidiada, pulverizó el poder adquisitivo de la clase media y baja. Las primeras concentraciones tuvieron lugar en los mercados de Teherán, pero rápidamente la consigna económica mutó en un desafío directo a la estructura de poder del país.
A pesar de los intentos del presidente Masoud Pezeshkian por calmar las aguas mediante reuniones con líderes empresariales y el recambio de la cúpula del Banco Central, la desconfianza social no cedió. Para el 30 de diciembre, los campus universitarios ya se habían convertido en focos de resistencia, uniendo el descontento de los trabajadores con el de los sectores académicos.
Escalada de violencia y advertencias internacionales
La situación dio un giro sangriento el 1 de enero, cuando se reportaron las primeras víctimas oficiales en Azna y otras localidades de la provincia de Lorestán. Videos filtrados en redes sociales mostraron escenas de caos, disparos y enfrentamientos directos entre civiles y la fuerza Basij de la Guardia Revolucionaria.
La tensión escaló al plano geopolítico tras la intervención del presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió a través de sus plataformas digitales que Estados Unidos está "listo para partir" en defensa de los manifestantes pacíficos. Esta declaración se produce en un contexto de máxima fragilidad, apenas meses después de bombardeos estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes.
La respuesta del régimen: censura y "pena de muerte"
El líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, dio luz verde a las fuerzas de seguridad el 3 de enero al declarar que "los alborotadores deben ser puestos en su lugar". Desde ese momento, la represión se intensificó con el uso sistemático de gases lacrimógenos y munición real en más de 280 localidades.
Para contener la organización de las marchas, el gobierno impuso un apagón digital masivo. "El gobierno respondió bloqueando internet y las llamadas telefónicas internacionales, en un intento de aislar al país de 85 millones de habitantes de la influencia extranjera", señalaron reportes locales tras una masiva protesta nocturna alentada por sectores en el exilio.
La amenaza judicial alcanzó su punto más crítico cuando el fiscal general, Mohammad Movahedi Azad, advirtió que cualquier participante de las protestas será considerado "enemigo de Dios", una figura legal que en la República Islámica conlleva la pena de muerte. Hasta el momento, se registran más de 2.300 detenidos que enfrentan procesos bajo este marco de extrema severidad.
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