Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñóz están detenidos. (Foto: Instagram @mc_lacapitanalp)
La investigación penal sobre la presunta organización coercitiva que operaba dentro de la estructura del Senado de la Provincia de Buenos Aires ha abierto un nuevo y delicado frente. La Justicia busca determinar si existió una maniobra institucional deliberada para bloquear las alertas tempranas que emitieron las víctimas.
El foco de la fiscalía se posó esta semana sobre una funcionaria de alto rango administrativo, sospechada de haber interceptado las quejas formales presentadas por los empleados. La hipótesis principal sugiere que la acusada habría actuado como un muro de contención burocrático para proteger a los líderes de la organización.
El mecanismo de silencio
Según se desprende del expediente, varias denuncias ingresadas por mesa de entradas o canales internos nunca llegaron a sus destinatarios finales. Los investigadores creen que hubo una selección manual de expedientes para evitar que el escándalo estallara antes de tiempo.
Fuentes cercanas a la causa aseguraron que "no se trató de un descuido administrativo, sino de una orden explícita de cajonear los reclamos". Esta maniobra habría permitido que la secta continuara con su esquema de recaudación ilegal y manipulación psicológica durante meses, a pesar de las señales de alarma.
Las víctimas, muchas de ellas obligadas a entregar parte de su sueldo bajo coacción pseudo-espiritual, habrían intentado recurrir a las vías institucionales sin éxito. El bloqueo de estas denuncias dejó a los empleados en una situación de indefensión total frente a sus captores laborales.
Allanamientos y nuevas pruebas
En las últimas horas, se realizaron procedimientos en oficinas clave de la Legislatura en La Plata para secuestrar libros de actas y computadoras. El objetivo es trazar el recorrido físico y digital de los documentos que misteriosamente desaparecieron o quedaron estancados en despachos intermedios.
La situación procesal de la funcionaria podría complicarse si el análisis forense de los dispositivos confirma la eliminación deliberada de archivos. "Estamos ante un posible encubrimiento agravado por la función pública", advirtieron desde los tribunales platenses, anticipando que podría haber nuevas imputaciones en el corto plazo.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.