El bloque Provincias Unidas (PU), que nuclea a legisladores alineados con gobernadores y sectores de la Coalición Cívica, adelantó su rechazo rotundo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el Gobierno de Javier Milei para reformar la Ley de Inteligencia Nacional. La medida, que propone una reestructuración profunda de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), es cuestionada por la oposición debido a la falta de controles parlamentarios y la opacidad en el manejo de los fondos y las actividades encubiertas.
Cuestionamientos a la constitucionalidad del decreto
Desde Provincias Unidas señalaron que no existen condiciones de excepcionalidad que justifiquen el uso de un DNU para un tema de tal sensibilidad institucional. En un comunicado oficial, el espacio liderado por mandatarios provinciales subrayó que “no existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso”.
La crítica principal radica en que la modificación se intenta implementar mientras las comisiones bicamerales, encargadas de fiscalizar tanto a los servicios de inteligencia como la validez de los decretos presidenciales, aún se encuentran incompletas. Esta situación, según los legisladores, debilita la calidad democrática y la transparencia estatal.
Los puntos más polémicos de la reforma de la SIDE
El texto impulsado por el Poder Ejecutivo introduce cambios que han encendido las alarmas en diversos sectores del arco político. Entre ellos, se destaca la declaración de que todas las actividades de inteligencia pasarán a tener “carácter encubierto”, lo que limitaría el control público y judicial sobre las operaciones de la SIDE.
“El decreto amplía la opacidad en un ámbito que la ley original diseñó para estar bajo límites estrictos y control parlamentario”, denunciaron desde el bloque opositor. Además, la normativa extiende la lógica de contrainteligencia a todo el sector público, una medida que, según PU, habilita potenciales prácticas de vigilancia sobre trabajadores estatales ajenos a las áreas de seguridad.
Otro eje de conflicto es la facultad otorgada a los agentes para realizar aprehensiones en casos de flagrancia. Para la oposición, esto quiebra un consenso democrático histórico: “Los servicios de inteligencia no pueden transformarse en una policía secreta”, afirmaron, argumentando que esa tarea debe ser exclusiva de las fuerzas de seguridad.
La postura de la dirigencia y el frente parlamentario
La presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, fue tajante respecto a la posición que llevarán al recinto: "Defendemos una regla básica: sin control del Congreso no hay democracia plena. Las reformas en inteligencia deben discutirse en el Parlamento, no imponerse por DNU".
Por su parte, el peronismo también confirmó que articulará una resistencia coordinada en ambas cámaras. El diputado de Fuerza Patria y exinterventor de la AFI, Agustín Rossi, calificó la medida como un retroceso en materia de garantías individuales. “Este DNU fortalece la idea de un Estado represor y oscuro. Por supuesto que lo vamos a rechazar”, aseguró el exfuncionario.
Para que el decreto sea derogado de forma definitiva, tanto la Cámara de Diputados como el Senado deben votar por su rechazo. Mientras alguna de las dos cámaras no se pronuncie en contra, el DNU mantendrá su vigencia y fuerza de ley.
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