Los diputados nacionales Mónica Fein, Esteban Paulón y Maximiliano Ferraro formalizaron una acción de amparo ante la Justicia para solicitar la nulidad absoluta del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941. La medida judicial apunta contra la reciente reforma del Sistema de Inteligencia Nacional impulsada por el Ejecutivo.
Los legisladores argumentan que las modificaciones introducidas por el presidente Javier Milei vulneran preceptos constitucionales básicos. Según la presentación, el decreto no solo elude el debate parlamentario, sino que altera de forma sustancial el rol de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en la vida democrática.
Los argumentos contra la inconstitucionalidad de la reforma
El diputado santafesino Esteban Paulón fue uno de los portavoces de la iniciativa y remarcó que la urgencia de la presentación radica en evitar que la normativa consolide sus efectos. Para los amparistas, no existen razones que justifiquen evitar el tratamiento legislativo de una materia tan sensible para las instituciones.
“Es urgente que no entre en vigencia el decreto porque es inconstitucional y nulo de nulidad absoluta. No había necesidad ni urgencia de reformar la SIDE de esta manera; es un debate que debió darse en el período parlamentario”, afirmó Paulón en declaraciones a la prensa.
El legislador rosarino subrayó que la inteligencia es un tema complejo que, desde el retorno de la democracia, requiere consensos amplios. En ese sentido, denunció que el uso de un DNU para este fin ignora la necesidad de un control recíproco entre los poderes del Estado.
El rechazo a las facultades policiales de agentes civiles
Uno de los puntos más polémicos del DNU 941 es la habilitación para que agentes de inteligencia puedan realizar aprehensiones de personas. Los diputados sostienen que esta disposición viola el Artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, que prohíbe al Poder Ejecutivo legislar en materia penal, tributaria o electoral mediante decretos.
“El DNU le traslada funciones policiales a personal civil de la Nación. Eso es una modificación en materia penal, y la materia penal está negada para los decretos de necesidad y urgencia”, explicó Paulón. Según el marco legal vigente hasta el momento, las detenciones son facultad exclusiva de las fuerzas de seguridad bajo orden judicial.
Los denunciantes advierten que otorgar poder de policía a agentes civiles, cuya actividad principal es la recolección de información, representa un retroceso institucional. Alertan que esta medida desdibuja los límites entre la investigación de inteligencia y la persecución penal.
El rol del Congreso frente al receso de verano
La presentación judicial ocurre mientras el Congreso se encuentra en receso, lo que impide un tratamiento inmediato en las cámaras. Ante este escenario, los legisladores Fein, Paulón y Ferraro sostienen que la intervención del Poder Judicial es vital para resguardar el orden jurídico.
A través de un comunicado, el bloque opositor remarcó que el Parlamento está en condiciones de sesionar y que eludir la deliberación debilita la legitimidad de cualquier norma. “Una temática como esta requiere deliberación, equilibrio y control. Eludir este procedimiento debilita la legitimidad democrática”, sentenciaron.
El decreto entró en vigencia el pasado 2 de enero, y la expectativa de los diputados es que la Justicia dicte una medida cautelar que suspenda sus efectos hasta que el Congreso pueda retomar su actividad y analizar la validez del instrumento legal en la Comisión Bicameral.
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