La disolución definitiva del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (Geanro) generó una inmediata reacción política en el Congreso de la Nación. El bloque del peronismo presentó un pedido de informes dirigido a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para conocer los motivos detrás de la eliminación de esta unidad operativa clave.
El Geanro había sido creado en 2024 como un refuerzo estratégico dentro del Plan Bandera para combatir el crimen organizado en la provincia de Santa Fe. Su desactivación despertó interrogantes sobre el futuro de la presencia federal en el territorio y la sostenibilidad de los indicadores de seguridad logrados hasta el momento.
Los argumentos del Gobierno y la crítica de la oposición
Desde el Ministerio de Seguridad Nacional justificaron la medida bajo el argumento de que el grupo ya cumplió con los objetivos fijados al momento de su creación. Según la comunicación oficial, la reducción de homicidios y heridos de arma de fuego en Rosario permite una reestructuración de los recursos existentes.
Sin embargo, la diputada nacional por Santa Fe, Florencia Carignano (La Cámpora), cuestionó con dureza la decisión del Ejecutivo. “Necesitamos saber por qué se castiga así a los rosarinos, cuando todos sabemos que la lucha contra el narcotráfico no termina nunca”, expresó la legisladora a través de sus redes sociales.
Carignano vinculó además este movimiento con la reciente sanción de la ley de inocencia fiscal. Para la diputada, la disolución de un grupo de investigación es “preocupante” en un contexto donde, según su visión, se facilitan mecanismos que podrían ser utilizados para el blanqueo de capitales provenientes del delito.
El impacto en el Plan Bandera y el despliegue territorial
El pedido de resolución presentado en la Cámara de Diputados exige que el Gobierno detalle las razones operativas y presupuestarias del cierre del Geanro. El foco de la preocupación radica en si esta medida implica una retirada gradual de los efectivos federales de las zonas más calientes de la ciudad.
El proyecto solicita información específica sobre el destino de los agentes que integraban la unidad y qué dispositivos reemplazarán sus tareas de inteligencia criminal. “Es clave no abandonar a la ciudad ahora”, enfatizó Carignano, quien pidió ver los informes técnicos que respaldan la eficacia de los dispositivos permanentes mencionados por la Casa Rosada.
Pese a la disolución de esta área específica, desde el entorno de Seguridad aseguran que el Plan Bandera no se encuentra en una etapa de desguace, sino de transformación. No obstante, la falta de claridad sobre la coordinación con el gobierno provincial de Santa Fe sigue siendo uno de los puntos más reclamados por el arco opositor.


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