En un clima de máxima tensión diplomática y militar, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el oficialismo, aprobó por unanimidad una ley que impone penas de hasta 20 años de prisión para quienes promuevan o respalden las acciones de la administración de Donald Trump contra el país. La normativa surge como respuesta directa al despliegue de la flota estadounidense en el Caribe y la reciente confiscación de buques petroleros venezolanos.
El marco legal contra la "piratería" y el bloqueo
La nueva normativa, denominada oficialmente como “Ley de protección de las libertades de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales”, fue tramitada de forma urgente por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El texto establece sanciones severas para cualquier ciudadano o entidad que colabore con las maniobras de presión de Washington.
De acuerdo con el articulado aprobado, “toda conducta o actuación que ejecute, promueva, invoque, favorezca, facilite o respalde acciones de piratería, bloqueo marítimo o espionaje será sancionada con prisión de 15 a 20 años”. Además de la privación de la libertad, la ley contempla multas que alcanzan los 1,2 millones de dólares y la confiscación de bienes de los señalados.
La ofensiva de Donald Trump en el Caribe
La reacción de Caracas se produce luego de que la Casa Blanca intensificara el asedio naval sobre las rutas comerciales del crudo venezolano. En las últimas semanas, fuerzas estadounidenses interceptaron y confiscaron al menos dos buques que transportaban petróleo hacia mercados internacionales, bajo el argumento de violaciones a las sanciones vigentes.
Nicolás Maduro calificó estas operaciones como una “piratería naval criminal” y denunció que el objetivo de Donald Trump es forzar un quiebre institucional en Venezuela. El despliegue de la flota norteamericana ha incluido ataques a lanchas supuestamente vinculadas al narcotráfico y el abordaje de cargueros con destino a China e Irán, lo que ha elevado el riesgo de un incidente de mayores proporciones en aguas internacionales.
Denuncias por "represión jurídica"
Organizaciones de derechos humanos advierten que esta nueva legislación no busca proteger la soberanía, sino profundizar el control social y silenciar a la oposición interna. Oscar Murillo, coordinador de Provea, señaló que la norma forma parte de una arquitectura legal diseñada para inhibir la crítica y evitar que la población se exprese sobre el conflicto político.
“Desde 2024 hemos tenido una represión jurídica para profundizar el clima de persecución interna, acallar las voces disidentes y evitar a toda costa que la gente hable”, explicó Murillo. Según el activista, estas leyes están redactadas de manera discrecional, permitiendo que las instituciones subordinadas al Poder Ejecutivo las utilicen para perseguir a la sociedad civil bajo una narrativa de defensa nacional.
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