El diputado provincial Martín Rosúa (UCR-Unidos) presentó un proyecto de ley en la Legislatura santafesina que busca reformar profundamente el régimen de prisión domiciliaria. La propuesta surge ante la detección de asimetrías en el cumplimiento de las penas y la existencia de privilegios para detenidos con alto poder adquisitivo.
Un freno a los privilegios económicos en la Justicia
La iniciativa legislativa pone el foco en situaciones donde condenados por delitos graves, incluyendo hechos de corrupción y defraudación al Estado, cumplen sus sentencias en propiedades de alto nivel. Según el autor del proyecto, esto desvirtúa la naturaleza humanitaria del beneficio.
“Durante años vimos cómo un instituto pensado para situaciones humanitarias terminó funcionando, en la práctica, como un beneficio reservado para unos pocos”, explicó Rosúa. El legislador denunció que existen internos que acceden a internet, redes sociales y visitas ilimitadas en departamentos de lujo.
El texto subraya que se han detectado casos donde se organizaron fiestas y reuniones masivas en los domicilios donde se debía purgar la pena. Esta situación genera una desigualdad frente a quienes cumplen sus condenas en los establecimientos del Servicio Penitenciario Provincial bajo normas estrictas de control.
Las nuevas restricciones: metros cuadrados y prohibición de amenities
Para evitar que la prisión domiciliaria se convierta en una estancia de confort, el proyecto de Rosúa establece límites físicos y técnicos específicos. Entre los puntos más destacados, se propone un límite máximo de 120 m² para la vivienda donde se cumpla la condena.
Además, la reforma prohíbe expresamente el acceso a amenities de lujo (como piscinas o gimnasios privados) y equipara el régimen de visitas al de cualquier unidad penitenciaria. También se contempla la prohibición de teléfonos celulares y conexión a internet, salvo excepciones estrictamente justificadas por la justicia.
“El sistema terminó generando privilegios por capacidad económica, algo completamente incompatible con la Constitución”, enfatizó el dirigente radical, señalando que la falta de una aplicación rigurosa de las normas actuales derivó en un "entramado de abusos" que hoy requiere una nueva ley.
Monitoreo estricto y revocación inmediata
La propuesta no solo se limita a las condiciones edilicias, sino que refuerza los mecanismos de vigilancia. El proyecto estipula el monitoreo electrónico obligatorio mediante tobilleras y la realización de controles sorpresivos por parte de las autoridades competentes.
Cualquier incumplimiento de las nuevas reglas resultaría en la revocación inmediata del beneficio. Asimismo, se crearía un registro público para garantizar la transparencia sobre quiénes acceden a este régimen y bajo qué condiciones lo hacen.
“En Santa Fe la prisión domiciliaria vuelve a ser lo que siempre debió ser: una excepción humanitaria, no un privilegio reservado para quienes pueden pagar condiciones de vida que ningún otro interno posee”, concluyó Rosúa, asegurando que la reforma busca devolver la igualdad ante la ley en la ejecución penal santafesina.
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