La aprobación de la Ley de Presupuesto 2026 en el Congreso de la Nación encendió las alarmas en el ámbito académico. El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, cuestionó duramente la normativa que elimina pisos de financiamiento para educación y ciencia, apuntando especialmente contra los legisladores de su propia provincia que acompañaron la iniciativa oficialista.
El cruce a los senadores de la UCR
Bartolacci centró sus críticas en los senadores nacionales por Santa Fe, Carolina Losada y Eduardo Galaretto (UCR), quienes votaron a favor del proyecto enviado por el Ejecutivo. Para el rector, resulta contradictorio que legisladores de extracción radical avalen una estructura de gastos que desfinancia las instituciones públicas.
“La posición de algunos senadores es incomprensible. Dicen tributar algunas tradiciones, pero después actúan en contra en el Congreso”, sentenció Bartolacci en declaraciones radiales. El académico remarcó que quienes defienden la educación pública y la ciencia como pilares nacionales no pueden tomar decisiones que atenten contra su sostenibilidad.
Los artículos que generan conflicto
La preocupación de las casas de altos estudios se focaliza en puntos específicos de la ley. El artículo 30 es el más polémico, ya que elimina los pisos mínimos de financiamiento para el Sistema Educativo, Ciencia y Tecnología, Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa.
Asimismo, el artículo 12 otorga facultades discrecionales al Ministerio de Capital Humano para interrumpir las transferencias de fondos si considera que la rendición de cuentas no es correcta. “El gobierno puede dejar de enviar fondos a una universidad si entiende que no es adecuada la información enviada”, advierten desde el sector sobre esta herramienta de control presupuestario.
Incertidumbre para el ciclo lectivo 2026
Según el análisis de la UNR, el presupuesto aprobado dispone para el año 2026 la misma cantidad de recursos nominales que para el 2025, lo que en un contexto inflacionario representa una caída real de los ingresos. Esto generaría graves dificultades para garantizar el funcionamiento normal de las cátedras y los servicios universitarios.
Sin embargo, Bartolacci destacó el reciente fallo de la Justicia Federal que ordenó frenar la suspensión del financiamiento por decreto y actualizar salarios y becas. “La decisión de la Justicia fija un piso sustancialmente distinto al que aprobó el Congreso, recomponiendo salarios respecto de la inflación acumulada”, concluyó el rector.



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