El juez en lo Penal Económico N°10, Marcelo Aguinsky, ordenó levantar el secreto de sumario en la causa que investiga a la firma Real Central SRL y a dos personas, Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, como presuntos testaferros de altos dirigentes de la AFA.
La resolución, firmada este martes, dispone una batería de medidas de investigación para reconstruir el entramado patrimonial y los movimientos de los involucrados en una pesquisa que apunta a presuntos delitos económicos. El expediente quedó abierto a las partes tras meses de reserva.
🔎 El Rastreo Digital y Patrimonial de los Vehículos Secuestrados
El foco inicial de la investigación está puesto en los más de 50 vehículos de alta gama secuestrados la semana pasada en una mansión del partido de Pilar, allanamiento que había sido dispuesto por el juez federal Daniel Rafecas.
Aguinsky solicitó a la Superintendencia de Seguros de la Nación un informe detallado sobre todas las pólizas de los vehículos a nombre de Real Central SRL, especificando los medios de pago utilizados y si existen coberturas sobre embarcaciones o aeronaves vinculadas a la firma.
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Algunos de los 54 autos de lujo hallados en los allanamientos |
En paralelo, se requirió a los Registros de la Propiedad Automotor la identificación de todas las personas autorizadas a conducir los rodados, a través de las denominadas cédulas azules.
La resolución también apunta a la tecnología instalada: se pidió a las compañías de rastreo satelital que informen sobre dispositivos activos y a Telepase que precise quién contrató el servicio para esos autos y con qué métodos de pago. El objetivo es reconstruir "posibles trayectos y movimientos de los bienes bajo investigación".
🏡 La Mansión de Pilar, Centro Neurálgico de la Causa
El domicilio de la calle Misiones 4097 en Villa Rosa, Pilar, es otro punto clave. El juez ordenó investigar a nombre de quiénes se contrataron los servicios de internet y telefonía móvil en esa dirección.
Además, la Policía Federal Argentina debe determinar qué empresa presta el servicio de cerco eléctrico en la propiedad para establecer una consigna digital en el sistema de monitoreo perimetral del predio.
También se solicitó a la Secretaría de Transporte que informe si Pantano y Conte poseen tarjetas SUBE a su nombre y, de ser así, que detalle los trayectos realizados en los últimos treinta días.
⚖️ Imputados, Embargo y Conflicto de Competencia
En un paso crucial, el juez Aguinsky notificó a Pantano y Conte que, basándose en las pruebas acumuladas, "pueden presentarse ante el juzgado para formular explicaciones y ejercer su derecho de defensa". Se les otorgó un plazo de cinco días para coordinar la audiencia con sus abogados.
La resolución también subraya el incumplimiento de una orden anterior del Juzgado Federal 3 que disponía el embargo preventivo del inmueble de Pilar y de todos los bienes hallados, con el fin de asegurar su custodia y conservación.
Respecto al conflicto de competencia, la Cámara había dictaminado que, en esta etapa, "exclusivamente se encontraría comprometido el orden económico y financiero", por lo que el caso debe seguir en el fuero Penal Económico.
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Sin embargo, el juez Aguinsky decidió "por aplicación de los principios procesales de oportunidad, mérito y conveniencia, difiero su tratamiento", priorizando la urgencia de las medidas de investigación en curso.
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