La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta el desafío judicial más complejo de la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia. Una investigación en los Estados Unidos logró trazar la ruta de un sistema de recaudación paralelo que habría movilizado cerca de USD 300 millones. La trama, que involucra a bancos de primera línea y sociedades intermediarias, amenaza con escalar hasta el Departamento del Tesoro y abre un nuevo frente de conflicto penal en los tribunales de Comodoro Py.
El "Discovery": la llave que abrió las cuentas en Wall Street
A diferencia de los tiempos procesales de la justicia local, la intervención de tres jueces federales de distintos distritos de EE.UU. aceleró el proceso mediante el mecanismo de discovery. Esta herramienta obligó a entidades como Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus a entregar registros detallados sobre movimientos, beneficiarios finales y conceptos de pago vinculados a la AFA.
La investigación determinó que el dinero proveniente de sponsors internacionales —con Adidas a la cabeza—, derechos de transmisión y partidos amistosos de la Selección no ingresaba directamente a las arcas de la calle Viamonte. En su lugar, los fondos eran canalizados a través de una estructura montada en el estado de Florida, diseñada originalmente para sortear las restricciones cambiarias en Argentina.
TourProdEnter LLC: el corazón de la operatoria
El centro de las sospechas es la sociedad TourProdEnter LLC, constituida en agosto de 2021. Cuatro meses después de su creación, fue nombrada Agente Comercial Exclusivo para el Exterior de la AFA. Según la documentación bancaria revelada por la investigación, esta firma acumuló más de USD 260 millones entre 2022 y 2025, aunque el volumen total de movimientos se acercaría a los USD 300 millones.
“¿Qué mecanismos de auditoría aplicaba la AFA sobre una empresa privada que administraba cientos de millones de dólares en su nombre?”, es la pregunta que hoy resuena en los despachos judiciales. Los registros muestran que una sola persona, Erica Gillette, tenía facultades plenas para ordenar transferencias, sin que figuren instrucciones documentadas o controles cruzados por parte de la dirigencia del fútbol argentino.
El desvío a sociedades pantalla y paraísos fiscales
El foco penal no está puesto en el ingreso del dinero —que era lícito y proveniente de contratos reales— sino en su destino final. La justicia detectó que aproximadamente USD 110 millones fueron girados a un agente de valores en Uruguay y luego derivados a vehículos financieros en las Islas Vírgenes Británicas.
Aún más sensible es el capítulo de las "sociedades fantasma". Se detectaron transferencias por USD 42 millones a cuatro firmas radicadas en Florida que no poseen empleados ni actividad comercial real. Los titulares de estas sociedades son ciudadanos argentinos de Bariloche con perfiles económicos modestos y antecedentes de quiebras, lo que refuerza la hipótesis de que actuaban como prestanombres en una estructura de lavado de activos.
Nueva denuncia en Argentina y presión internacional
El impacto de las revelaciones en el exterior tendrá un correlato inmediato en Buenos Aires. El empresario Guillermo Tofoni, titular de WorldEleven y denunciante original, presentará en las próximas horas una nueva demanda ante la Justicia argentina. El escrito apunta a la presunta "sustracción y desvío de fondos millonarios" que debieron haber beneficiado a los clubes y al desarrollo del fútbol local.
Mientras la AFA exhibe balances con superávit en el plano interno, la disparidad con los registros hallados en Estados Unidos es total. El expediente ya cuenta con la intervención de organismos del Estado argentino que enviaron documentación a fiscales norteamericanos advirtiendo sobre “mala conducta financiera”. El partido ahora se juega en los tribunales, y por primera vez en años, el arbitraje definitivo vendrá desde Washington.
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