La Justicia Federal de Rosario formalizó la investigación contra una mujer residente en Los Ángeles, Estados Unidos, imputada por el delito de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre en perjuicio de la cuidadora de su madre en el barrio Martin. La víctima fue captada en Corrientes a los 14 años bajo la falsa promesa de estudio y permaneció explotada durante 22 años, hasta octubre pasado.
La acusada, identificada como E.S.S., participó en la audiencia de formalización por videoconferencia desde el exterior, representada por su defensor. La fiscalía le imputa haber continuado la explotación desde 2022 hasta el cese de la situación, al tomar el control de la casa y el monitoreo de la víctima mediante cámaras de seguridad.
La historia detrás de la explotación que duró 22 años
Las fiscales explicaron que la víctima fue reclutada en 2003 en Tres Bocas, Corrientes, en un contexto de extrema vulnerabilidad social y económica. Su madre, con nueve hijos, autorizó el traslado de la mayor a Rosario tras la promesa de una “mejor calidad de vida” y la “posibilidad de estudiar, de ser maestra o abogada”.
La madre firmó un acta notarial sin saber leer ni contar con asesoramiento, bajo la indicación de que su hija iría a la casa de la prima de una vecina cercana. Sin embargo, la adolescente "nunca fue escolarizada e hizo múltiples tareas domésticas sin remuneración fija ni registrada durante 22 años".
Agravantes y el rol de la acusada desde el exterior
La Unidad Fiscal imputó a E.S.S. por el delito de "trata de personas con finalidad de reducción a la servidumbre en la modalidad de acogimiento". Este delito está doblemente agravado “por haberlo hecho en abuso de una situación de vulnerabilidad y por haberse consumado la explotación”.
Si bien la explotación se extendió por 22 años, las fiscales atribuyen responsabilidad penal a E.S.S. por el período comprendido entre julio de 2022 y octubre de 2025. Argumentaron que ella subrogó el lugar de su madre en el control del domicilio, utilizando 16 cámaras de seguridad y un dispositivo móvil para garantizar la continuidad de la servidumbre.
“Desde que tomó la dirección de los asuntos de la casa... ha tenido la posibilidad de hacer cesar el estado de servidumbre, y no solo no lo ha hecho, sino que lo ha continuado, lo ha perseverado, porque también le genera un beneficio”, señalaron las fiscales en la audiencia.
La resolución del juez y las medidas cautelares
El juez de Garantías Román Lanzón rechazó el pedido de sobreseimiento solicitado por la defensa de E.S.S. y dio por cumplida la formalización de la investigación en los términos del Ministerio Público Fiscal (MPF). El magistrado destacó la “extrema gravedad de los hechos” y los múltiples indicadores de explotación de la víctima.
Aunque el MPF solicitó la detención y extradición de la acusada, el juez rechazó la prisión preventiva y ordenó una serie de medidas cautelares no privativas de la libertad por el término de un año. Entre ellas, se destacan la prohibición de acercamiento o contacto personal o electrónico con la víctima y su entorno, y la firma mensual en el consulado argentino más cercano a su domicilio en Estados Unidos.
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