El Gobierno de la provincia de Santa Fe formalizó un fuerte reclamo ante la Nación para que las provincias ribereñas dejen de tener un rol secundario en la gestión de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
A través del Ministerio de Desarrollo Productivo, la gestión santafesina presentó un documento con diez puntos clave para modificar los pliegos de la futura licitación de la vía navegable troncal.
Si bien la provincia respalda el proceso licitatorio para que el sistema vuelva a manos privadas, advierte que el borrador actual deja a los estados subnacionales sin atribuciones de control ni seguimiento.
Federalismo y gobernanza de los datos
El punto central del reclamo es la "Gobernanza y participación territorial". El ministro Gustavo Puccini solicitó un mecanismo institucional para que las provincias tengan funciones consultivas y operativas sobre el mantenimiento y los cronogramas de obra.
"Para la Provincia de Santa Fe, la licitación reviste carácter estratégico, en tanto la hidrovía constituye el principal corredor logístico de salida de la producción", señaló Puccini para fundamentar el pedido.
Desde la Casa Gris subrayan que, aunque la navegación es jurisdicción nacional, el lecho del río pertenece a las provincias, lo que justifica una silla en la mesa de decisiones técnicas y ambientales.
El futuro de los puertos públicos
Otro eje de preocupación es el impacto que la profundización de la traza principal pueda tener sobre los puertos públicos, especialmente en Villa Constitución y la capital provincial.
Santa Fe exigió que el pliego no clausure el desarrollo futuro del Puerto de Santa Fe y que se mantenga como objetivo estratégico la restitución del calado histórico de 25 pies.
"Resulta imprescindible que el Pliego no clausure la posibilidad de desarrollo futuro del Puerto de Santa Fe", advierte el documento, señalando que ignorar esto generaría una "asimetría estructural" para el norte provincial.
Auditorías y control ambiental
Debido a que la concesión se proyecta a 25 años, Santa Fe propuso establecer revisiones quinquenales obligatorias para adecuar el contrato a los cambios climáticos y a la demanda del comercio exterior.
Asimismo, se solicitó un endurecimiento de las exigencias ambientales. El plan incluye auditorías periódicas, simulacros de derrames y una coordinación directa entre jurisdicciones para actuar ante contingencias.
Finalmente, el Gobierno provincial instó a que el proceso garantice la transparencia mediante una "gobernanza de datos con propiedad pública", asegurando que la información técnica del río no quede exclusivamente en manos de la empresa adjudicataria.
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