El Gobierno nacional confirmó que apelará la decisión de la Justicia Federal de declarar la nulidad del protocolo antipiquetes, la medida diseñada originalmente por Patricia Bullrich para regular la protesta social. La actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, calificó el fallo como un avance de la "vieja política" y aseguró que defenderán la vigencia de la norma.
Los argumentos del Ministerio de Seguridad
Tras conocerse la resolución judicial, la ministra Monteoliva utilizó sus redes sociales para sentar la postura oficial. “Sin protocolo no hay orden, hay caos”, sentenció la funcionaria, quien asumió el compromiso de sostener la medida que permite la intervención de las fuerzas federales en los cortes de calle.
Desde la cartera de Seguridad argumentaron que el protocolo posee fundamentos técnicos y jurídicos sólidos. “Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”, destacó Monteoliva en su cuenta de X (ex Twitter).
En la misma línea, la cuenta oficial del Ministerio ratificó que no habrá retrocesos en la política de seguridad actual. El comunicado oficial enfatizó que el protocolo es “legítimo” y que su aplicación es necesaria para garantizar que no regrese el desorden a la vía pública.
Los fundamentos del fallo judicial
El juez federal Martín Cormick hizo lugar a un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En su sentencia, el magistrado determinó que la Resolución 943/23 carece de los elementos legales necesarios para ser considerada un acto administrativo válido, señalando su "ilegitimidad manifiesta".
Según el fallo, el Ministerio de Seguridad se habría excedido en sus facultades, llegando a modificar leyes penales y procesales que son competencia exclusiva del Congreso. El juez indicó además que quienes se sientan perjudicados por el accionar policial bajo este protocolo podrán realizar denuncias individuales en el fuero penal.
Desde el CELS celebraron la medida judicial, señalando que la sentencia pone límites claros a las atribuciones del Ejecutivo. “El Ministerio de Seguridad legisló para restringir al máximo el derecho a la protesta, pasando por encima del Congreso y también del Poder Judicial”, afirmaron desde la organización.
Impacto político y social del protocolo
La última aplicación de este procedimiento ocurrió a mediados de diciembre, durante una movilización de la CGT frente al Congreso. El protocolo estuvo bajo la lupa desde su implementación debido a incidentes con manifestantes y trabajadores de prensa, como el caso del reportero gráfico Pablo Grillo, herido por un tubo de gas lacrimógeno.
Dirigentes gremiales como Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE, también se expresaron a favor del fallo. El sindicalista consideró que la decisión judicial es un avance contra el "autoritarismo extremo" y sostuvo que una resolución ministerial nunca puede estar por encima de lo que dicta la Constitución Nacional.
Por su parte, el Ejecutivo sostiene que la medida es clave para su gestión y que el conflicto se resolverá en las instancias superiores de la Justicia. La batalla legal por el control de la calle y el derecho a la protesta suma así un nuevo capítulo que promete llegar hasta la Corte Suprema.
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