El abogado Gregorio Dalbón presentó este martes una denuncia penal ante la Justicia Federal contra la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y su hijo, Francisco Langeri Bullrich. La acusación investiga presuntos delitos de lavado de activos, evasión tributaria y asociación ilícita vinculados a la cadena de cafeterías Tostado.
Un entramado societario bajo la lupa judicial
La denuncia, que también alcanza al fundador de la firma, Fernando Goijman, sostiene que existe un complejo diseño empresarial destinado a ocultar el origen de los fondos. Según el escrito, la cadena cuenta con más de 70 locales operativos, una cifra que para la querella resulta sospechosa dada la velocidad de su crecimiento.
Dalbón argumenta que la expansión de las firmas Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A. "no encuentra una explicación razonable en antecedentes comerciales, capital inicial ni financiamiento bancario verificable". El letrado señala que el valor económico del grupo alcanzó millones de dólares en un lapso breve sin justificativo público.
Para la acusación, la estructura se encontraría fragmentada en diversas firmas con el objetivo de dificultar el control fiscal. "La estrategia de atomización estaría destinada a evitar el control contable y patrimonial", advierte el texto presentado ante los tribunales de Comodoro Py.
Inmuebles vinculados y el rol de la senadora
La presentación judicial incluye datos sobre inmuebles que tendrían relevancia patrimonial, citando una propiedad en la calle Beruti al 3800, en la Ciudad de Buenos Aires, asociada a la actual senadora. La denuncia busca determinar si la actividad comercial fue utilizada como una "pantalla para la legitimación de capitales".
Sobre la participación de la dirigente libertaria, el abogado aclaró que, si bien el vínculo familiar no constituye un delito per se, su alta posición institucional obliga a profundizar la investigación. El objetivo es descartar cualquier tipo de "favorecimiento indebido o utilización de influencias" en el desarrollo del negocio.
Por otro lado, la denuncia menciona la existencia de cheques rechazados por falta de fondos en algunas de las empresas. Este dato, según Dalbón, contrasta con la supuesta solvencia del grupo y podría ser un indicio de subfacturación o maniobras financieras irregulares.
Medidas de prueba y el futuro de la causa
Debido a que Tostado posee locales en España, Estados Unidos, Brasil y Uruguay, la Justicia deberá analizar posibles transferencias transfronterizas. Dalbón solicitó formalmente la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Inspección General de Justicia (IGJ) para rastrear el flujo de dinero.
Entre las medidas de prueba requeridas figuran:
Allanamientos y secuestro de documentación contable.
Informes integrales a organismos fiscales nacionales.
Citación a declaración indagatoria para los tres principales implicados.
La causa recayó por sorteo en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, con la intervención de la fiscal Alejandra Mángano. Ambos funcionarios deberán evaluar ahora si existen elementos suficientes para dar curso a la apertura formal de la investigación penal.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.