La Confederación General del Trabajo (CGT) dispuso una movilización hacia Plaza de Mayo para el próximo jueves 18 de diciembre en rechazo frontal al proyecto de reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso. La decisión fue tomada por la cúpula sindical en una reunión de mesa chica que dedicó la jornada casi por completo al análisis del texto.
La central obrera, conducida por Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, anunció la medida de fuerza con fuertes críticas al contenido del proyecto y a la metodología utilizada por el Poder Ejecutivo para su elaboración. Los sindicatos anticipan una estrategia política y judicial para intentar frenar la iniciativa.
El eje del conflicto: críticas al informe y falta de diálogo
Los dirigentes gremiales centraron sus objeciones en el informe del Consejo de Mayo de más de 400 páginas, el cual, según la CGT, contiene "expresiones que para nosotros constituyen agresiones hacia los trabajadores". Señalaron que el documento habla de "trabas" y "aprovechamientos sindicales".
La cúpula sostuvo que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, omitió que en ese mismo informe la central obrera dejó asentado su rechazo explícito. "En varios tramos el informe habla de ‘trabas’, de ‘aprovechamientos sindicales’ y hasta utiliza ironías sobre la actividad laboral", lamentaron los sindicalistas.
Otro de los puntos de máxima tensión es la falta de un proceso de negociación previa. La CGT insistió en que no hubo una mesa de diálogo que incluyera a los empleadores productivos y a los trabajadores, los dos sectores que debieron participar en la elaboración del proyecto.
Qué es lo que más preocupa a los gremios
A pesar de que el proyecto no incorpora grandes modificaciones al rol de los sindicatos, como la cuota solidaria, la CGT detectó que "muchas de las miradas del informe tienen un sesgo ideológico antes que pragmático". Remarcaron una fuerte coincidencia entre la propuesta de la Unión Industrial Argentina (UIA) y el texto presentado por el Gobierno.
El proyecto de ley determina que la retención de cuotas de afiliación por parte de los empleadores requerirá la "conformidad expresa del trabajador" y un acuerdo entre las partes, además de la autorización de la Secretaría de Trabajo. Esto es visto por los sindicatos como un avance sobre su financiamiento y autonomía.
Además, los dirigentes sindicales aseguraron que detectaron que varios artículos son “claramente inconstitucionales” por ir en contra del principio protector del derecho laboral. Sostienen que se derogarían derechos adquiridos de diversas actividades como periodistas, choferes o enfermería.
Diagnóstico económico y la estrategia de la CGT
La central obrera acompañó su rechazo con un sombrío diagnóstico económico, asegurando que el país atraviesa una situación de empobrecimiento generalizado y destrucción del aparato productivo. Hablaron de un "industricidio" con más de 18.000 pymes cerradas.
Según sus cálculos, la situación derivó en la pérdida de 300.000 empleos formales, lo que implicaría que "400 trabajadores por día, de lunes a lunes” quedan fuera del mercado laboral registrado. Ante este escenario, la CGT anticipó que su estrategia no se limitará a la calle.
La cúpula sindical anunció que el rechazo es total a cada uno de los puntos y que buscarán influir en el debate parlamentario. "Vamos a explicar a cada legislador y a cada gobernador por qué esta ley no puede aprobarse", concluyeron.
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