El Gobierno nacional y la CGT se encuentran al borde de una negociación inminente y decisiva para alcanzar el máximo consenso posible sobre la reforma laboral. El proyecto, elaborado por el Consejo de Mayo, genera hasta ahora un rechazo frontal del sindicalismo, que ya advirtió con "chocar con la pared de siempre" si no se abre un canal de diálogo.
Las tratativas se desarrollarán contrarreloj, dado que la versión oficial del texto debe estar lista para su presentación en el Congreso el próximo 15 de diciembre, con miras a ser debatido durante las sesiones extraordinarias. Se busca evitar una "guerra total" en el ámbito social y legislativo.
El Equipo Negociador y la Advertencia Gremial
Altas fuentes oficiales confirmaron a Infobae que las negociaciones serán piloteadas por una mesa de alto voltaje político: el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. La participación de los hermanos Menem subraya la injerencia directa de la Secretaría General de la Presidencia, liderada por Karina Milei.
El cotitular de la CGT, Jorge Sola, adelantó la postura sindical: si el Gobierno no convoca a la mesa de diálogo, habrá un enfrentamiento directo. Los abogados de la central obrera trabajan en una contrapropuesta, buscando voltear los artículos más sensibles para su poder.
El Corazón del Conflicto: Cuotas Solidarias y Poder Sindical
Los puntos de mayor preocupación para la CGT se concentran en el derecho colectivo, que amenazan la estructura de las organizaciones gremiales. Estos incluyen la reglamentación del derecho de huelga, la limitación de la ultraactividad de los convenios y la restricción de las cuotas solidarias.
La limitación de las cuotas solidarias, que son los aportes compulsivos que financian a la CGT a través de descuentos salariales (afiliados o no), es el punto más sensible. Líderes como Armando Cavalieri ya advirtieron que eliminar esa recaudación llevaría a la quiebra a sindicatos masivos.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se mantiene firme contra este "peaje sindical". Sin embargo, otros funcionarios evalúan suavizar el punto, proponiendo que la CGT acepte topes (no más de 2% del sueldo) y se obligue a dar una contraprestación explícita a los trabajadores.
La Herramienta de Presión de la Casa Rosada
El Gobierno, que advierte que no aceptará una versión "pasteurizada" de la reforma, utilizará el apoyo de los 20 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo como herramienta de presión. La Casa Rosada espera que este respaldo a las reformas actúe para "aflojar la dureza sindical".
Sin embargo, no será un camino fácil: al menos tres gobernadores de provincias clave ya anticiparon a la CGT que no avalarán "cualquier tipo" de cambio en la legislación laboral y se mostraron dispuestos a llevar la postura sindical a la mesa de negociación. Mientras tanto, en los despachos oficiales se redujo de 15 a 3 los miembros del Consejo de Mayo para frenar las filtraciones del último borrador del proyecto.
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