Un nuevo tramo de la investigación por desvío de fondos en la Policía de Rosario destapó la existencia de una asociación ilícita asentada en la Unidad Regional II (UR II). El ex jefe de la Policía del Departamento Rosario, Daniel Acosta, y trece altos uniformados más, fueron imputados por el fiscal José Luis Caterina ante el juez Gustavo Pérez Urrechu.
La acusación principal sostiene que la banda se dedicó a defraudar al Estado durante dos años, absorbiendo fondos destinados a la carga de combustible de patrulleros mediante sobrefacturación y "cargas fantasma" con las tarjetas Visa Flota. La caída del esquema ya generó un ahorro de más de $58 millones mensuales al erario público.
El Corazón de la Banda y la "Oficina de Gestión de Multas"
El fiscal Caterina definió al sistema como "una asociación ilícita creada, asentada y consolidada en el corazón de la Unidad Regional II" que funcionó entre mayo de 2023 y mayo de 2025. El objetivo era "garantizar un circuito ascendente y continuo de retornos o beneficios de actividades ilícitas".
El secretario privado de Acosta, Rodrigo Domínguez, fue señalado como el organizador, al frente de la insólita "Oficina de Gestión de Multas" (OGM). Este mecanismo era la herramienta para disciplinar y castigar a los miembros de la organización que no rendían el dinero ilícito a tiempo a la "superioridad".
La cúpula, compuesta por Acosta y Domínguez, esperaba una entrega de dinero quincenal, que representaba un porcentaje de lo que recibían las secciones de la Agrupación Cuerpos, a cargo de gran parte de los imputados.
Los Castigos: Whiskies, Vinos y Costillares
La parte más llamativa de la imputación detalla la naturaleza de los "castigos" o "multas" que se imponían a los uniformados que se atrasaban con las "deudas" quincenales. El fiscal citó un testimonio que detalla que la normalización de la falta se ejecutaba a través de Domínguez, utilizando eufemismos como la "OGM".
Según la Fiscalía, si un jefe de Cuerpo no tributaba a tiempo, se le exigía, además del efectivo, la entrega de "whiskies caros, vinos y costillares". Esta práctica no solo se limitaba a la actividad de peculado con el combustible, sino que se extendía a cualquier exigencia que no se cumpliera en tiempo y forma por parte de los miembros.
Entre los catorce imputados de alto rango se encuentran, además de Acosta y Domínguez, ex jefes de Escuadrón Caballería, Grupo Táctica Multipropósito, Cuerpo de Guardia de Infantería (CGI) y Comando Radioeléctrico, entre otros nombres históricos de la fuerza de seguridad rosarina.
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