El gobierno de Javier Milei autorizó la compra y posesión de fusiles semiautomáticos, un tipo de armamento que hasta ahora estaba prácticamente vedado para los civiles. La medida comenzó a regir tras la publicación de una resolución en el Boletín Oficial, que reemplaza la antigua prohibición con un nuevo esquema de control.
La modificación incluye a armas con cargadores desmontables, como fusiles o subametralladoras de asalto, derivados de modelos militares y de calibre superior al .22 LR. La normativa ubica a este armamento dentro de la categoría de uso civil condicional.
A partir de ahora, tanto las personas ya habilitadas como legítimos usuarios como las entidades de tiro podrán adquirir este material, siempre que cumplan una serie de requisitos estrictos centrados en la trazabilidad y la justificación deportiva de su uso.
Los Requisitos para Acceder al Armamento Prohibido
La resolución reemplaza el veto anterior por un esquema de control riguroso. Para obtener la autorización de tenencia, los solicitantes deberán cumplir una serie de requisitos obligatorios que apuntan a garantizar la seguridad y el uso específico del armamento.
Entre las condiciones se incluye la obligatoriedad de contar con un Sector de Guarda registrado tipo G2, un sistema de almacenamiento seguro aprobado por la autoridad. Además, se deberá presentar una declaración jurada para justificar la necesidad del arma, junto con documentación probatoria y fotografías del material.
El acceso está limitado a tiradores experimentados. Se exige una antigüedad mínima de cinco años como legítimo usuario de armas de uso civil condicional y se requiere probar usos deportivos, mediante certificación de entidades de tiro que avalen la condición de "tirador asiduo" o la participación en certámenes.
Reestructuración y Control: Vuelve el Renar
La normativa de Milei también confirmó una reestructuración administrativa clave en la fiscalización del armamento. La Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) recupera su antigua denominación de Registro Nacional de Armas (Renar).
Este organismo pasa a depender directamente del Ministerio de Seguridad y será el encargado exclusivo de aplicar, controlar y fiscalizar la Ley Nacional de Armas y Explosivos 20.429. Además, se dejaron sin efecto varias disposiciones del régimen anterior, consolidando el marco normativo en esta única autoridad central.
El Ejecutivo ya había dado un paso en junio al derogar un decreto de Carlos Menem que imponía una prohibición casi total para los civiles. La resolución actual establece finalmente el mecanismo operativo para permitir la adquisición de estos fusiles bajo condiciones específicas y con una estricta fiscalización del Renar.
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