La tragedia del fentanilo contaminado que causó 124 muertes en el país se concentra en Rosario, que registra 49 víctimas fatales, casi el 40% del total nacional. Este lunes, la comisión especial de la Cámara de Diputados de la Nación sesionó en la ciudad para escuchar los crudos testimonios de 12 familias afectadas.
La reunión, celebrada en el Concejo Municipal, fue iniciativa de los propios familiares. La presidenta de la comisión, la diputada Mónica Fein, calificó los casos como una "tragedia sanitaria" y destacó que la falta de trazabilidad en el sistema facilitó la crisis.
Los allegados a las víctimas, entre lágrimas y carteles de "Justicia", denunciaron la falta de humanidad en la atención médica y la omisión de información. El objetivo principal de la comisión es impulsar "normas regulatorias para evitar que vuelva a suceder" este tipo de desastres.
El Impacto Nacional y el "Número Negro" de Víctimas
Según el último reporte judicial expuesto por la diputada Victoria Tolosa Paz, hay 124 fallecidos oficiales a nivel nacional por el opioide adulterado, un número que la propia Justicia considera preliminar. La provincia de Santa Fe concentra 59 víctimas, de las cuales 49 corresponden únicamente a Rosario.
La investigación, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak en La Plata, detectó más de 90 mil ampollas de fentanilo contaminado distribuidas en 51 efectores de salud de cinco jurisdicciones, incluyendo 22 instituciones santafesinas. El juzgado investiga la producción, distribución y posible desvío ilegal de estupefacientes.
Tolosa Paz advirtió que el número de aplicaciones del fármaco en Santa Fe supera las 22 mil ampollas, lo que indica un "número negro" de víctimas que podría ser mucho mayor al oficial. Entre los sanatorios rosarinos con casos identificados se encuentran el Italiano (sede sur y centro), Sanatorio Parque, ICR y el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez (Heca).
El Grito de las Familias: "Esto fue una masacre"
Los testimonios fueron demoledores y reflejaron un patrón de desatención y desinformación. Estefanía Ferrari, hija de una víctima, sentenció: "A mi papá lo mataron. Esto fue una masacre". La bronca y el dolor se centraron en la falta de explicaciones sobre el uso del opioide y el secretismo de los centros de salud.
"Me enteré por los medios. Todavía estoy esperando que se comuniquen desde el hospital", lamentó Miriam, hija de Inés Ruiz, fallecida en mayo. El reclamo unificado de las familias, muchas de las cuales se enteraron del fentanilo contaminado por la prensa o por otros afectados, se concentra en la necesidad de un control estatal riguroso.
La Ley de Trazabilidad como Eje del Reclamo
Los allegados a las víctimas consideran que la crisis es producto de un "combo explosivo" de falta de fiscalización, omisión de información y un laboratorio que operaba con dudoso control. Por ello, presentaron a los legisladores una serie de propuestas concretas.
El punto central es lograr una ley exhaustiva de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, que incluya de forma obligatoria al fentanilo en un sistema digital que registre la unidad desde la producción hasta su administración al paciente.
También exigen la creación de un sistema nacional de alerta inmediata ante sospechas de contaminación, y el fortalecimiento de la ANMAT con más recursos y sanciones específicas para laboratorios y hospitales que demoren o falseen la información sanitaria.
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