El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, oficializó este lunes el lanzamiento de una licitación pública nacional e internacional para privatizar más de 1.800 kilómetros de rutas y autopistas nacionales. La medida marca un avance en la Red Federal de Concesiones (RFC), el plan que busca reemplazar el financiamiento estatal por la inversión privada.
El anuncio fue realizado por el titular de la cartera económica, Luis Caputo, quien utilizó su cuenta de X para justificar la iniciativa. El objetivo es “reemplazar un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro”, afirmó el ministro.
Dos Tramos Clave en la Mira del Sector Privado
Esta segunda etapa de la RFC se enfoca en dos corredores estratégicos. El Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur, el de mayor extensión, abarca 1.325 kilómetros e incluye las rutas nacionales 3, 205, 206 y las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas.
El segundo tramo, denominado Pampa, comprende 547 kilómetros sobre la Ruta Nacional 5, en el trayecto que conecta Luján con Santa Rosa. Estos dos sectores forman parte de un plan más amplio que contempla un total de 4.400 kilómetros de rutas a ser privatizadas de forma progresiva.
La cartera de Economía sostiene que el nuevo modelo busca modernizar la red vial argentina, reducir los costos de mantenimiento para el Estado y, fundamentalmente, mejorar la seguridad y la calidad de la infraestructura.
La Respuesta a los Gobernadores y las Críticas por los Peajes
El anuncio de Caputo llega inmediatamente después del encuentro del presidente Javier Milei con una veintena de gobernadores en Casa Rosada. En esa reunión, la necesidad de reactivar la obra pública —paralizada hace más de un año— fue un reclamo central de los mandatarios provinciales.
El Ejecutivo, sin embargo, mantiene su postura de que el financiamiento debe provenir de capitales privados, sosteniendo: “Estamos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna, alentando la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”.
Esta postura choca de frente con las advertencias de entidades como el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), que criticaron el proyecto. El coordinador Ricardo Lasca advirtió días atrás que el plan implica la instalación de un peaje cada 97 kilómetros en promedio y elevaría la tarifa por automóvil a cerca de $4.300, sin garantizar la ejecución de obras de gran envergadura.
El Antecedente del Puente Rosario-Victoria
A pesar de las críticas por el aumento de peajes y la falta de obras, el Gobierno se respalda en el interés que mostró el sector privado en la primera fase. En octubre pasado, se presentaron siete ofertas para operar los corredores Oriental y de Conexión, que incluyeron el estratégico Puente Rosario–Victoria.
En aquel momento, Economía destacó que el nuevo esquema permite que la gestión de las rutas sea autosustentada por los ingresos de peaje, eliminando el subsidio y el canon del Estado. No obstante, el Conaduv insiste en que el modelo convierte al peaje en un "impuesto al tránsito" y mantiene el poder de la "patria contratista".
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