El Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario logró una audiencia en el Concejo para debatir una fuerte intimación elevada a la Secretaría de Salud. El gremio reclama medidas urgentes para proteger al personal que atiende casos de salud mental y adicciones, lo que incluye la prohibición de nuevas internaciones de pacientes con ciertas características.
La tensión escaló luego de que un grupo de ediles emitiera una declaración de rechazo a la intimación. Los concejales consideraron que el pedido gremial busca "impedir que se atienda" a personas con consumos problemáticos, estigmatizando a los pacientes.
El Detalle de la Intimación Gremial
El reclamo formal del sindicato instó a la Secretaría a "tomar medidas en 48 horas para preservar la salud física, mental y la integridad del personal" de los hospitales con internación (Carrasco, Alberdi, Roque Sáenz Peña y Heca).
Entre los puntos más polémicos, el gremio exige la "prohibición de nuevas internaciones en efectores municipales de pacientes con padecimientos mentales, conductas violentas o antecedentes penales" si no cuentan con presencia permanente de profesionales de Salud Mental y custodia policial.
Además, reclaman la "derivación obligatoria" de estos pacientes a "efectores provinciales especializados" y la implementación urgente de un protocolo de seguridad. El sindicato asegura que el personal municipal se ve forzado a cumplir tareas de custodia y contención de pacientes peligrosos, funciones que no le corresponden.
Choque Político: Ediles Hablan de "Grave" Ruptura
La polémica se instaló en la comisión de Salud del Concejo. Concejales como Lucas Raspall aseguraron que el reclamo es "no pertinente" y contrario al espíritu de la Ley de Salud Mental. Sostuvo que, si bien hay situaciones de crisis, las condiciones para el trabajo en la red municipal "están dadas".
La posición más dura provino de ediles como Anahí Schibelbein y Ana Laura Martínez. Schibelbein calificó la nota de "grave", ya que "rompe con una tradición de servicio de salud pública" al pretender que el sindicato "quiera romper con la política de atención en salud pública".
Martínez, por su parte, criticó que los municipales se "ponen en un lugar de jueces e incluso contra los ciudadanos", desviando el foco de la búsqueda de soluciones a las condiciones laborales.
El Diálogo como Camino de Tensión
Ante el cruce, la presidenta de la comisión, Caren Tepp, abogó por "tender puentes" para no "politizar" un problema que podría "recrudecer".
El concejal Caruana coincidió en la necesidad del diálogo, recordando que la Ley de Salud Mental fue una "construcción colectiva" que incluyó al sindicato. La clave, dijo, es trabajar en condiciones dignas sin que "el sufrimiento subjetivo" de los pacientes quede en el medio.
Finalmente, se confirmó que los concejales recibirán a los representantes del sindicato el próximo lunes 10 de noviembre. El objetivo, según el gremio, es aclarar que el contenido del rechazo de los ediles "no refleja con precisión la realidad ni el alcance de lo solicitado".
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