Jorge Sola apuntó contra la reforma laboral.
En su primer plenario del año, la CGT dejó en claro que cualquier reforma laboral deberá negociarse sobre bases impositivas y salariales. Advirtieron que de lo contrario habrá “conflicto” y no descartan medidas de fuerza.
La CGT marca terreno ante una posible reforma laboral
La cúpula de la CGT se reunió este martes en la sede de Sanidad y definió su postura oficial frente a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. En un documento leído por su secretario general, Héctor Daer, la central obrera advirtió que “una reforma laboral sin consenso es inviable” y reclamó “una bajada sustancial de la carga impositiva que soportan los trabajadores formales”.
Impuestos y paritarias, los ejes de la negociación
Los dirigentes señalaron que antes de sentarse a discutir flexibilización de mercado o modificaciones en indemnizaciones, el Ejecutivo deberá atender dos temas sensibles: la presión tributaria sobre los salarios y la vigencia de las paritarias libres. “No vamos a permitir que se use la reforma para avanzar sobre derechos adquiridos”, subrayaron. Según datos de la Fundación Mediterránea, la carga impositiva sobre un salario formal promedio supera el 44 % entre contribuciones personales y retenciones de IIBB.
Indemnizaciones y ART, fuera del menú oficial
El documento rechaza de plano cualquier intento de tocar el sistema de indemnizaciones por despido o de transferir la administración de las ART al sector privado. “Son conquistas que costó décadas construir y no vamos a transarlas por un supuesto aumento de inversiones”, sostuvo Daer. La postura fue respaldada por las dos fracturas internas que hoy dividen la CGT: el oficialismo que lidera Daer y la lista de Andrés Rodríguez (UPCN), alineada con el moyanismo.
El Gobierno busca diálogo, pero sin apuro
Fuentes del Ministero de Trabajo reconocieron que “hay intención de abrir una mesa técnica en marzo”, aunque descartan enviar un proyecto al Congreso sin un acuerdo previo. El secretario de Trabajo, Omar Yasín, ya anticipó que la reforma “no será por decreto” y que se priorizarán “los puntos que generen empleo genuino”. En la CGT, sin embargo, sospechan que el oficialismo podría avanzar sobre la ley de ART y la indemnización duplicada ante despuesto sin causa.
Perspectiva de conflicto y fecha clave
El plenario resolvió convocar a un nuevo encuentro para el 28 de febrero, cuando se definirá el calendario de protestas si el Gobierno insiste con iniciativas “unilaterales”. “Estamos dispuestos al diálogo, pero también a la movilización si se intenta imponer”, advirtió Daer. En los pasillos de la sede de Sanidad se habló de un paro nacional “táctico” de 24 horas y de movilización al Congreso el día que se trate cualquier articulado laboral.
Contexto: ¿por qué ahora?
El FMI incluyó en su última revisión la recomendación de “flexibilizar el mercado laboral argentino” como vía para mejorar la productividad. El Gobierno, a su vez, necesita mostrar avances en competitividad ante los inversores que participarán de la misión de negocios que llegará en abril. La CGT, con 7 millones de afiliados y capacidad de paralizar transporte, energía y puertos, es el principal escollo político de esa agenda.
Consecuencias para el trabajador común
Si se mantiene el impasse, la discusión podría postergarse hasta después de las elecciones legislativas de 2025, lo que implicaría continuar con la actual legislación laboral, pero también con la alta informalidad que afecta al 47 % de los ocupados, según el INDEC. Para el sector privado, la incertidumbre retrasa inversiones y encarece el costo argentino de contratar en blanco. Mientras tanto, los gremios ya preparan sus paritarias anuales, con pedidos de recuperación del 20 % de poder adquisitivo perdido en 2024.
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