Brasil concretó un paso clave en la reestructuración de su sistema tributario. El Senado aprobó este miércoles por unanimidad la reforma fiscal impulsada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que establece un esquema de "justicia social" al eximir a millones de trabajadores y gravar a los contribuyentes de altos ingresos.
La iniciativa, celebrada por Lula como un "día histórico" y una "victoria de la democracia", entrará en vigor el 1 de enero de 2026, tras ser avalada previamente por la Cámara de Diputados en octubre.
Exención de Renta y Reducción de Carga Tributaria
El eje central de la reforma es la ampliación del piso del Impuesto sobre la Renta. La nueva ley elimina este gravamen para todos aquellos que ganen hasta 5.000 reales mensuales (aproximadamente 930 dólares).
Según cifras del Ministerio de Hacienda, esta medida beneficiará directamente a unos 25 millones de brasileños que quedarán exentos de la obligación fiscal a partir de 2026. Además, se reduce progresivamente la carga tributaria para los que perciban hasta 7.350 reales.
El senador Renan Calheiros, relator del proyecto, sintetizó el espíritu de la ley: "El principio es simple: quien tiene menos paga menos, y quien tiene más paga más", calificándolo como un "avance civilizatorio".
El Régimen Especial para los "Ultrarricos"
Para compensar la reducción en la recaudación por la base trabajadora, la norma crea, por primera vez, un impuesto mínimo a las grandes fortunas brasileñas, denominado "ultrarricos". Esta medida apunta a la redistribución de la carga fiscal.
El nuevo gravamen afectará a quienes perciban más de 600.000 reales anuales (unos 113.000 dólares), con una alícuota máxima del 10% para los ingresos superiores a 1,2 millones de reales (223.000 dólares). El foco está puesto principalmente en los dividendos empresariales, la fuente de renta más importante de los sectores más altos.
Este impuesto alcanzará solo al 0,13% de los contribuyentes, reforzando la promesa de Lula de construir un "Brasil más equilibrado" y fortalecer el consumo interno. El Presidente defendió la medida como un "acto de justicia tributaria" clave en su agenda social.
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