El Gobierno ha presentado en el Congreso un proyecto de ley clave para su paquete de reformas de "segunda generación" con el objetivo de promover inversiones y el empleo formal. El eje central es una profunda reforma laboral que busca actualizar la Ley de Contrato de Trabajo de 1976. La iniciativa lleva la firma de la diputada nacional por Santa Fe, Romina Diez, del bloque oficialista La Libertad Avanza, y apunta a generar "incentivos fiscales" para pequeñas y medianas empresas. La meta del Ejecutivo es modernizar el mercado laboral argentino, donde la informalidad alcanza el 43,2%.
Modificaciones Centrales a la Ley de Contrato de Trabajo
El texto, que cuenta con el respaldo del bloque libertario, propone modificaciones sustanciales. Entre ellas, se incluye la posibilidad de acuerdos individuales homologados para cambiar elementos esenciales del contrato y la digitalización de los recibos de sueldo. También se introduce una nueva regulación de los beneficios sociales (como viáticos, guarderías y cobertura médica) y se permite al empleador realizar cambios en la modalidad de trabajo siempre que no sean irrazonables o perjudiquen al trabajador.
Además, el proyecto incorpora la fragmentación de las vacaciones en períodos no menores a una semana y la posibilidad de otorgarlas hasta el 30 de abril del año siguiente. Otra novedad significativa es la habilitación para que los convenios colectivos adecúen la jornada laboral mediante "banco de horas" o regímenes especiales, con la única condición de respetar un mínimo de doce horas de descanso entre jornadas.
La Visión Oficial y el Desafío a la CGT
El presidente defendió la necesidad de una modernización laboral antes de la reforma tributaria. "Antes, debe haber una modernización laboral, que no implica una pérdida de derechos", afirmó, y agregó en un desafío a la CGT: “Los sindicatos saben que esto no funciona, que si lo piensan como negocio están liquidados”. El Ejecutivo, a través del ministro Federico Sturzenegger, señaló que la baja de impuestos al trabajo será gradual, “a medida que se reduzca el gasto del Estado”. Por su parte, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, explicó que el objetivo es "actualizar una legislación con más de medio siglo de antigüedad" para mejorar la competitividad del sector privado.
Incentivos Fiscales, Juicios y Flexibilidad en Salarios
La propuesta de la diputada Romina Diez introduce bonos de crédito fiscal para empresas que incorporen trabajadores, con beneficios diferenciales para microempresas, que podrán acceder a una devolución del 100% de las contribuciones patronales durante un año. Se prevé, además, un régimen especial para la contratación de empleados del sector público.
En cuanto a la litigiosidad laboral, el proyecto busca reducirla estableciendo límites a los honorarios y costas judiciales, que no podrán superar el 25% del monto de la sentencia.
Otro aspecto central del plan del Gobierno es vincular los incrementos salariales dinámicos al desempeño o mérito individual, un modelo que busca reducir los pisos salariales por convenio y eliminar la indexación automática por inflación, reemplazándola por actualizaciones ligadas a la productividad y capacidad económica de cada sector. Esta propuesta, que altera principios del derecho laboral tradicional, ya genera rechazo en la CGT, que advirtió que se opondrá a cualquier intento de “quitar derechos”.
Próximos Pasos de la Reforma y Otros Cambios Propuestos
La iniciativa de la diputada Diez será tratada en comisiones en las próximas semanas, y busca ser aprobada antes de fin de año junto a las reformas tributaria y previsional. El borrador oficial completo, que incluirá puntos como la extensión del período de prueba (de tres a seis meses, y hasta 12 en pymes), la creación de un fondo de cese laboral alternativo a la indemnización, y la reforma de la ley de riesgos del trabajo —donde se inician más de 120.000 juicios anuales—, será presentado en diciembre y buscará el apoyo sindical y político durante 2026. El proyecto también redefine los plazos de licencia por enfermedad y crea un registro de médicos peritos en el Ministerio de Capital Humano para controlar los certificados.
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