El Gobierno de Javier Milei ha dado un giro de 180 grados a su discurso sobre la obra pública, al autorizar un millonario crédito estatal para financiar la reparación del Puente Rosario-Victoria y la Ruta del Mercosur. Pese a la promesa de que las concesiones viales se harían "sin plata del Estado", el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) dispuso un financiamiento de hasta $56.000 millones a solo 48 horas de la apertura de sobres de la licitación pública (504-0007-LPU25). Esta decisión quiebra el modelo libertario en su primera gran prueba, evidenciando la dificultad de atraer inversión privada sin respaldo estatal.
Financiamiento Estatal Impulsa la Licitación Vial
La promesa inicial del Gobierno nacional era que las licitaciones viales no comprometerían recursos públicos, sino que los empresarios asumirían el capital, recuperándolo luego mediante el cobro de peajes. Sin embargo, ninguna constructora había mostrado interés en invertir bajo esas condiciones, lo que generaba el riesgo de que la licitación quedara desierta por falta de oferentes. La intervención del BICE, una entidad estatal, se concretó este lunes, justo antes de la apertura de sobres programada para este miércoles.
El crédito prevé cubrir hasta el 70% de la inversión con una tasa en UVA +2% y ofrece un plazo de repago de seis años con uno de gracia. Este cambio de reglas de último momento abrió la puerta a la participación de al menos cuatro constructoras de peso en la obra pública nacional, según información publicada por La Nación. La medida expone la fuerza de negociación de los antiguos contratistas viales, acostumbrados históricamente a trabajar con financiamiento estatal.
Consecuencias y Controversias Legales en la Obra Pública
El anuncio generó una inmediata controversia. La medida contrasta fuertemente con la prédica libertaria de “achicar al Estado”, ya que pone recursos públicos al servicio de la obra vial, un sector que el Gobierno prometió desfinanciar con capital privado. El financiamiento llega acompañado de un esquema fiduciario de garantía y fondeo.
No obstante, esta decisión podría generar cuestionamientos legales. Varias empresas que no se presentaron en la licitación podrían argumentar que la modificación de las reglas en el proceso alteró de forma sustancial las condiciones de la convocatoria. Esto podría derivar en posibles planteos judiciales contra la adjudicación del estratégico corredor.
Corredor Vial Estratégico en Crisis: La Conexión Rosario-Victoria
La concesión que se licita incluye el corredor de la Ruta del Mercosur (rutas nacionales 12 y 14) y la fundamental conexión Rosario–Victoria, un tramo clave para el comercio con Brasil. La concesión anterior, a cargo de Caminos del Río Uruguay (Crusa), terminó el pasado 8 de abril con las rutas en un estado calamitoso: se reportaron baches, hundimientos, señalización deficiente y peajes levantados.
La situación precaria dejó a más de 500 trabajadores sin certezas laborales y generó protestas en los accesos, forzando a Vialidad Nacional a retomar el control provisorio. Las constructoras consideran que la tarifa prevista para los peajes, que ronda los $4.200 cada 100 kilómetros para un automóvil, resulta insuficiente para cubrir los costos de reparación, lo que justificó la necesidad de financiamiento estatal.
El Directorio del BICE y la Tensión Política
El banco estatal que viabiliza el crédito está presidido por Maximiliano Voss y Evert Van Tooren. En su directorio se encuentran figuras con peso político, incluyendo a Nicolás Scioli, hermano del exgobernador bonaerense; Felipe Núñez, conductor del canal oficialista Carajo; y Martín Vauthier, un economista cercano al ministro de Economía, Luis Caputo. Esta composición del BICE subraya la tensión entre el relato libertario de reducción estatal y la necesidad pragmática de utilizar herramientas públicas frente a la presión empresaria y el grave deterioro de la infraestructura.
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