El Concejo Municipal de Rosario dio un paso decisivo al alcanzar un acuerdo político para tratar este jueves el Plan de Sostenibilidad Patrimonial (PSP). Presentado en septiembre por el intendente Pablo Javkin, el plan busca modernizar y hacer más eficaz la protección del patrimonio histórico, arquitectónico y urbanístico de la ciudad, además de promover su puesta en valor. Este nuevo marco normativo implica tres ordenanzas clave, que incluyen la creación de los Derechos de Edificación Transferibles (DET) y una modificación sustancial del Inventario de Bienes catalogados.
La Herramienta Innovadora: Derechos de Edificación Transferibles (DET)
La principal novedad del Plan de Sostenibilidad Patrimonial es la herramienta de los Derechos de Edificación Transferibles (DET). Este mecanismo permite al propietario de un inmueble protegido transferir el derecho a construir (metros o altura) que no puede utilizar, a otro terreno ubicado en una zona receptora de la ciudad. El concejal oficialista Fabrizio Fiatti explicó que esta herramienta "democratiza el acceso a la conservación patrimonial" al otorgar un beneficio económico al dueño para financiar la preservación de su edificio. Los DET funcionarán entre zonas emisoras (con edificios protegidos) y siete corredores urbanos receptores, como San Martín, Mendoza y Alberdi, incentivando un desarrollo urbano equilibrado.
Simplificación y Ampliación de la Protección Patrimonial
El PSP busca simplificar la normativa, reduciendo los grados de protección de ocho a solo cuatro, con el objetivo de ordenar y fortalecer la conservación. Bajo el nuevo esquema, el número de bienes con máxima protección (Grado 1: Protección directa total) se elevará de 66 a más de 100. Rosario cuenta con 5.656 inmuebles catalogados, una cifra que supera a Buenos Aires y Córdoba. Por primera vez, el nuevo Grado 4 incorpora la figura de Patrimonio Ambiental, protegiendo espacios naturales, especies arbóreas y paisajes urbanos. Fiatti destacó que habrá una primera etapa de puesta en valor de fachadas en acuerdo con los propietarios, centrada en las peatonales Córdoba y San Martín.
Debate Político y Reparos a la Norma
A pesar del acuerdo para el tratamiento en el recinto, concejales de la oposición expresaron observaciones. María Fernanda Gigliani advirtió sobre la posibilidad de un "escenario de desigualdad jurídica" y reclamó criterios claros para el Inventario. Juan Monteverde propuso un cambio conceptual, sugiriendo hablar de "capacidad constructiva intransferible" en lugar de derechos, para evitar futuros reclamos. Por su parte, Agapito Blanco coincidió en la urgencia de actuar contra el deterioro, pidiendo más límites a los usos comerciales que atenten contra el valor histórico. Alicia Pino propuso que se establezca un monitoreo y evaluación del sistema cada tres años.
El Conflicto Urbanístico en Batlle y Ordóñez al 5200
En paralelo al debate patrimonial, las comisiones analizaron la recalificación urbanística de terrenos en Batlle y Ordóñez al 5200, vinculada a un emprendimiento industrial. El proyecto busca regularizar actividades logísticas e industriales ya existentes. El concejal Blanco recordó que se trata de un privado que construyó galpones sin habilitación en tierras frutihortícolas. La oposición, incluyendo a Norma López y Gigliani, condicionó su apoyo a que se defina con claridad la penalidad, el uso del suelo y que la compensación económica sea superior y con un destino específico, evitando que ingrese a Rentas Generales. El debate final sobre estos textos continuará en próximas reuniones.
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