Una polémica se desató en el Concejo Municipal de Rosario en torno a la cantidad de inspectores que controlan los medidores de la Empresa Provincial de Energía (EPE), justo cuando la Oficina Municipal del Consumidor registra un crecimiento de quejas por la facturación. Un decreto ingresado en el Concejo asegura que el departamento de medición de la EPE opera con un solo inspector, mientras que la empresa refuta esta afirmación, asegurando que son 24 empleados tercerizados dedicados a la tarea.
Solicitud de Refuerzo en Tareas de Inspección y Medición
El decreto fue presentado por la concejala de Iniciativa Popular, Fernanda Gigliani, quien tomó conocimiento de la situación a través de información de la Oficina Municipal del Consumidor. La edil sostiene que el Departamento de Equipos de Elevación y Medición de Energía, dependiente de la Dirección General de Alumbrado Público, funciona con una sola persona, lo que impide responder a la demanda de revisión de equipos en la ciudad.
"En los últimos meses se ha registrado un incremento significativo de reclamos por parte de vecinos y vecinas de la ciudad sobre la prestación de la EPE", explicó Gigliani. Argumenta que la inspección de los medidores es un problema solucionable desde el municipio, ya que "los rosarinos reclaman porque no saben si están pagando lo que consumen o hay una problema en los medidores."
La Respuesta de la EPE: 24 Empleados "Toma Estado"
Desde la EPE desmintieron la aseveración sobre la escasez de personal de control. Aseguraron que la empresa contratada para la lectura de medidores en Rosario es Global, la cual emplea actualmente a 24 personas denominadas "toma estado" en la jerga del sector.
La EPE confirmó que el servicio de lectura se tercerizó históricamente. Sin embargo, destacaron un cambio reciente en la modalidad de contratación: "se rompió con un monopolio que había en Rosario" luego de que se venciera el contrato anterior y se cambiara un requisito del pliego. Este requisito exigía experiencia en ciudades con más de 300 mil habitantes, lo que antes "solo habilitaba a una sola empresa."
Sobre el crecimiento de las denuncias, desde la empresa blandieron un argumento sobre la falta de pruebas: "les pedimos que envíen un documento con los usuarios, con el número o con los datos del suministro por el cual estaban reclamando. Todavía no recibimos nada."
El Debate por la Factura en Papel y la Tasa de Inspección
La concejala Gigliani también centró su crítica en la ausencia del envío de facturas en formato papel, un punto que, a su criterio, limita el acceso a información esencial para un sector de la sociedad sin conectividad o habilidades digitales. La edil solicitó a la Municipalidad que pida a la EPE la regularización de las facturas en papel para garantizar el derecho a la información (artículo 4° de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor N° 24.240). Además, requirió detallar en las facturas los motivos de la recategorización de usuarios y fortalecer las áreas de atención en las oficinas comerciales.
La EPE replicó que la digitalización ha generado un ahorro de 2.900 millones de pesos en papel, tinta y correo, fondos que "se vuelcan a obras." Añadieron que la boleta en papel puede solicitarse en la sucursal y que "todas las empresas de servicio tienen sus facturas digitalizadas."
Finalmente, la concejala recordó la existencia de dos ordenanzas municipales (N° 1592 y N° 1618) que establecen un porcentaje en la factura destinado a la Tasa de Inspección. Gigliani solicitó información sobre lo recaudado y el destino de esos fondos, recordando que la última partida presupuestaria destinaba $1.102.788 para el control e inspección de medidores en electricidad y gas.
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