El nuevo gobierno de Uruguay, liderado por Yamandú Orsi, enfrenta una creciente preocupación en el sector empresarial debido a los cambios impositivos propuestos en el proyecto de ley de Presupuesto. A pesar de que la campaña electoral de 2024 se centró en la promesa de no aumentar impuestos, el gobierno ha introducido medidas que contradicen esta declaración, como un gravamen a los depósitos en el exterior y la aplicación del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico para empresas multinacionales.
Inconsistencias y el "Espejismo Fiscal"
Durante su comparecencia en el Parlamento para explicar el proyecto, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, reconoció que la presión fiscal de Uruguay sí aumentaría. “Yo dije en campaña que los ingresos tributarios, que la presión fiscal, no iban a aumentar. Y la presión fiscal está aumentando. Eso está ocurriendo. Yo me hago cargo de eso. Yo dije que no iba a ocurrir y está ocurriendo”, afirmó Oddone. El ministro justificó el cambio de postura alegando que el gobierno encontró un escenario fiscal peor al previsto, con un déficit del 4,1% en lugar del 2,8% proyectado por la administración anterior. Oddone calificó esta situación como un “espejismo fiscal”.
El proyecto de ley ha generado críticas y dudas por parte de consultoras y estudios jurídicos, que señalan “inconsistencias” en el texto, especialmente en relación con el impuesto mínimo global. La intención del gobierno es que este tributo solo afecte a las multinacionales que ya lo pagan en su casa matriz, pero el sector privado advierte que esto no está claramente reflejado en el documento, lo que genera “incertidumbre” y es considerado algo “gravísimo”. Empresarios temen que esta omisión pueda llevar a grandes empresas que operan en zonas francas a retirarse del país o a presentar reclamos por la pérdida de exoneraciones fiscales.
La Reacción del Sector Empresarial
La Cámara de Zonas Francas estima que unas 40 empresas se verían afectadas por el impuesto mínimo global. Consideran que el tributo no sería “neutral” y podría generar riesgos para la inversión, el empleo y la recaudación, además de erosionar la seguridad jurídica que caracteriza a Uruguay. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Julio Lestido, manifestó su preocupación, calificando los cambios como “señales” que “ponen en alerta” a los inversores.
El Debate sobre el Secreto Bancario
Otro punto de controversia es el artículo del proyecto que permite a la Dirección General Impositiva (DGI) levantar el secreto bancario para sus investigaciones sin necesidad de una orden judicial, una medida recomendada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). Este cambio ha generado nerviosismo entre los depositantes, aunque la directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados, Bárbara Mainzer, aclaró que “de ninguna manera” habrá retiro de depósitos masivo. Mainzer defendió el procedimiento actual, que considera una “fortaleza” de Uruguay al ofrecer garantías a los clientes y la posibilidad de ejercer su derecho de defensa antes de que se comparta la información.
Frente a las numerosas críticas, el ministro Oddone ha reconocido que existen “muchas preocupaciones” por su Presupuesto, y se ha mostrado abierto a “ir para atrás” en alguna de las decisiones, lo que sugiere una posible revisión del proyecto a la luz de las quejas del sector privado.
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