El asesinato de Fernando Villavicencio el 9 de agosto de 2023, a solo 11 días de las elecciones, fue la culminación de un plan complejo que involucró a actores políticos de alto nivel, empresarios y estructuras criminales. Según el expediente público de la Fiscalía General del Estado, la operación contra el político, sindicalista e investigador se articuló a través de seguimientos, amenazas y una conspiración política cuyo objetivo era neutralizarlo por sus denuncias de corrupción y crimen organizado en Ecuador. La investigación, que se centra en identificar a los autores intelectuales, ha revelado una intrincada red de inteligencia y financiamiento.
Conexiones Políticas y Testimonios Clave del Magnicidio
En la audiencia de formulación de cargos del 3 de septiembre, la fiscal Ana Hidalgo presentó un elemento de convicción explosivo: la declaración de uno de los sicarios, asesinado en la Penitenciaría del Litoral en octubre de 2023, quien afirmó a un agente del FBI que "el trabajo fue para el señor de arriba", identificando al expresidente Rafael Correa. Otros testimonios clave corroboran la presunta responsabilidad intelectual de altos funcionarios. El empresario procesado Daniel Salcedo declaró que se pagaron entre USD 20.000 y USD 200.000 para financiar el asesinato, mencionando a José Serrano como el facilitador de nexos policiales, a Xavier Jordán como el financista y a Ronny Aleaga como el enlace político. Un testigo adicional, Lenín Vimos, aportó que "Jorge Glas Espinel da la orden directa a Ronny Aleaga, financiado por José Serrano Salgado" y que Colón Pico, cabecilla de la banda Los Lobos, facilitó las armas.
Estrategia de Inteligencia, Seguimiento y Desacreditación
Los cuerpos documentales 18, 20, 21, 22, 23, 36, 37 y la versión libre de RPHR, un exteniente de la Policía, contienen chats de la aplicación Threema que demuestran la coordinación para la "inteligencia" sobre Villavicencio. En estas conversaciones, se habla de promover denuncias para "callarlo" y de coordinar acciones para neutralizarlo políticamente. La versión de RPHR detalla que altos funcionarios de seguridad solicitaron informes sobre la vida personal de Villavicencio, sus allegados y sus rutinas, además de entregar armas y organizar vigilancias desde prisión por parte de Daniel Salcedo bajo órdenes de José Serrano. Estos documentos evidencian no solo la planificación física, sino también una operación de descredibilización mediática y judicial.
Contexto de Denuncias y Consecuencias Judiciales
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| Amanda Villavicencio y Tamia Villavicencio, hijas del candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio, se van con sus familiares después de una audiencia judicial sobre el asesinato de su padre en 2023, en Quito, Ecuador, el 3 de septiembre de 2025. REUTERS/Karen Toro |
Fernando Villavicencio se había posicionado como uno de los principales opositores del correísmo al denunciar abiertamente contratos petroleros irregulares durante los gobiernos de Rafael Correa y Jorge Glas. Su exposición pública, basada en denuncias con pruebas, lo convirtió en el blanco de una operación coordinada de actores institucionales y criminales. La Fiscalía ha imputado a cuatro personas como presuntos autores intelectuales: el exministro del Interior José Serrano, el exasambleísta Ronny Aleaga, el empresario Daniel Salcedo y el empresario Xavier Jordán. Sin embargo, el caso ha enfrentado controversias, como la decisión de la jueza María Daniela Ayala de no dictar prisión preventiva para todos los imputados, lo que le valió una sanción por parte del Consejo de la Judicatura. El expediente sugiere que este no fue un crimen aislado, sino un asesinato político enraizado en estructuras de poder que se cruzan con casos de corrupción como Metástasis y Purga. La prueba judicial de estos vínculos será crucial para la justicia en uno de los casos más significativos de la historia reciente de América Latina.
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