El funcionario impulsó el dictamen de mayoría para cambiar la Constitución.
En un movimiento calificado como "un paso fundamental y sustancial", la provincia de Santa Fe ha reformado su Constitución para incluir la obligatoriedad de las pruebas de aprendizaje y enseñanza por parte del Estado. La medida, impulsada por el ministro de Educación, José Goity, establece que el Estado no solo es responsable del sistema educativo, sino también de sus resultados, una forma de rendir cuentas sobre los aprendizajes.
Cambios Clave en la Carta Magna Provincial
Uno de los dictámenes finales aprobados en la Convención Reformadora introduce la inclusión de evaluaciones de los procesos en los diferentes niveles de formación de instituciones tanto públicas como privadas. Según Goity, esto reivindica la tradición del sistema educativo público, remarcando el rol indelegable del Estado de sostener, conducir y ordenar el sistema.
La reforma define en el artículo 109 que los niveles inicial, primario y secundario son obligatorios en Santa Fe. El ministro subrayó que, con esta nueva Carta Magna, el Estado provincial está "obligado, cualquiera sea el gobierno o el sesgo ideológico, a dar cuenta en torno a resultados de aprendizaje mediante mecanismos de evaluación".
Además de las pruebas de aprendizaje, la nueva Constitución "también es inclusiva porque contempla la potestad de la familia de elegir el tipo de educación que quiere para sus hijos". Goity destacó que "acá no se le impone nada a nadie" y que la provincia tiene una gran oferta educativa en ese sentido.
Impacto en el Sistema Educativo y Docente
Durante la sesión plenaria se aprobaron otros cambios significativos en la octava sección de la ley provincial. El artículo 112, que se refería al rol del Estado como promotor de entidades privadas de cooperación, fue derogado. Asimismo, se declara de forma expresa el derecho a la igualdad en el acceso, los aprendizajes y el egreso del sistema.
La provincia, bajo esta nueva normativa, asume el deber de organizar y gestionar una red articulada en todos sus niveles y modalidades. El artículo 109 establece que el Estado tiene una responsabilidad intransferible e indelegable como garante de la educación gratuita, laica, universal, plural, inclusiva, científica, de calidad y democrática. También se encarga de promover la formación superior articulada con las necesidades sociales, productivas, científicas y culturales.
En cuanto al trabajo docente, la convención votó a favor de una redefinición que incorpora de forma expresa la convocatoria a concursos públicos, abiertos y transparentes como herramienta para garantizar la estabilidad y la formación profesional continua.
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