La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ha solicitado a la Justicia que deje sin efecto la medida cautelar que prohibía a periodistas y medios de comunicación la difusión de audios que se le atribuyen. La presentación, realizada ante el juez Patricio Maraniello, marca un cambio en la estrategia legal del Gobierno respecto a la polémica que se generó a principios de septiembre.
Argumentos para el levantamiento de la prohibición
En el escrito presentado, al que tuvo acceso el medio TN, Karina Milei reiteró que los audios fueron "obtenidos ilegalmente", y que están "manipulados y editados con una finalidad propio de crear una operación en contra de mi persona y de mi familia". No obstante, enfatizó que la cautelar "no fue solicitada como una censura previa", sino para frenar una operación en su contra.
Milei destacó que la "libertad de prensa no puede utilizarse ni convertirse en un escudo o protección para la realización de campañas de manipulación de la opinión pública" y agregó que "jamás la libertad de prensa puede alentar, promocionar y difundir la comisión de delitos como base para la obtención de información". Calificó estas acciones como "un atentado contra la democracia y sus valores más básicos".
La funcionaria fundamentó su petición de levantar la cautelar argumentando que la medida ya "ha devenido abstracta". Señaló que los audios ya fueron difundidos en medios extranjeros y que su contenido no afecta su seguridad, los derechos de terceros ni la seguridad nacional.
La denuncia original y los presuntos implicados
El 1 de septiembre, el juez Maraniello había prohibido la difusión de los audios tras una denuncia del Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich. El escrito judicial calificó la situación como "un ataque planificado para alterar la opinión pública" y "una operación de inteligencia no institucional". La denuncia del Gobierno sostiene que esta maniobra es una secuencia organizada que incluyó "espionaje ilegal, edición clandestina de audios y su posterior difusión con fines políticos" en la antesala de las elecciones legislativas. Se advierte de la gravedad institucional si las grabaciones se hubieran realizado dentro de la propia Casa Rosada.
El canal de streaming Carnaval y su programa “Data Clave” fueron señalados como los epicentros de la maniobra, donde el periodista Mauro Federico aseguró tener "más de cincuenta minutos de audios" de Karina Milei. Además, la denuncia apunta a un grupo de personas como presuntos partícipes de la operación, entre ellos el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, a quienes se acusa de ser parte de una red que busca "afectar las variables económicas más importantes, alterar la campaña electoral y generar violencia contra funcionarios del oficialismo".
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