El Gobierno nacional promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero postergó su aplicación hasta que el Congreso de la Nación asigne los fondos necesarios, una medida que generó un fuerte rechazo por parte de la diputada nacional Julia Strada. La legisladora rosarina, del bloque de Unión por la Patria, afirmó que el presidente Javier Milei "no tiene facultades" para tomar esta decisión, especialmente después de que ambas Cámaras del Congreso rechazaran el veto presidencial a la norma. La ley busca un aumento de las prestaciones y una actualización de las pensiones no contributivas, en un contexto de alta inflación.
Polémica por la suspensión de la ley
A través de sus redes sociales, la diputada Julia Strada criticó la decisión del Poder Ejecutivo de suspender la aplicación de la ley a través del decreto 681. En su cuenta de X, la ex directora del Banco Nación expresó que "Eso no se puede hacer: no tiene facultades para eso". La legisladora señaló que la única facultad del presidente en este caso era el veto, el cual fue rechazado por el Congreso. "Tiene que aplicar la ley. Y si no hay presupuesto es porque él decidió hacer el ajuste de esa forma. No nosotros, que exigimos votar", añadió Strada, reforzando la idea de que la falta de fondos es una consecuencia de la política económica del propio gobierno.
La ley y su impacto fiscal
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue promulgada tras el rechazo del veto oficialista. Sin embargo, el Gobierno ha decidido postergar su entrada en vigencia, argumentando el "impacto fiscal" que generaría. Según las estimaciones oficiales, la implementación de la ley supondría un gasto de $3.019.508.900.000, lo que equivale al 0,35% del PBI. La normativa, que declara la emergencia en el sector hasta el 31 de diciembre de 2026, tiene como objetivo principal la actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde 2023. Además, busca saldar deudas con prestadores de salud, ajustar pensiones no contributivas y ofrecer exenciones de contribuciones patronales a empleadores que contraten a personas con discapacidad.
Detalles de la Ley de Emergencia en Discapacidad
La normativa establece un nuevo marco para el sector. Uno de los puntos clave es la actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, que se ajustarán según los índices de inflación del INDEC. En cuanto a las pensiones no contributivas, se fijarán en un 70% del haber mínimo jubilatorio. La ley también permite que las personas que cobran este beneficio puedan trabajar, siempre y cuando su salario no supere los dos salarios mínimos. Para finalizar, se decreta que los empleadores que contraten a trabajadores con certificados de discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del 50% de las contribuciones patronales y de las cajas de jubilaciones por tres años.
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