Dictadura Cubana Condena a Manifestantes por Protestas contra Apagones

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La dictadura cubana ha sentenciado a un grupo de 15 manifestantes a penas de hasta nueve años de prisión. Los cargos incluyen desórdenes públicos, resistencia, atentado y desacato, derivados de las protestas ocurridas el 17 de marzo de 2024 en Santiago de Cuba y otras localidades. Estas movilizaciones, las más grandes desde el estallido social de 2021, fueron una respuesta directa a la profunda crisis energética y a los apagones que superaban las 13 horas diarias.

Sentencias y Cargos: La Criminalización de la Protesta en Cuba

Según un comunicado del Tribunal Supremo Popular, las condenas varían significativamente: ocho manifestantes recibieron entre seis y nueve años de prisión, cinco entre tres y cinco años, y dos fueron sentenciados a trabajo correccional sin internamiento. Los cargos imputados, además de los ya mencionados, también incluyen desobediencia e instigación a delinquir. Este patrón de juicios severos no es nuevo; el estallido de julio de 2021 también resultó en centenares de encarcelamientos, algunos con condenas de hasta 25 años.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y otras organizaciones han calificado estos procesos judiciales como una "farsa", denunciando la arbitrariedad de las intervenciones policiales. Un ejemplo de la represión es el caso de Julio César Duque de Estrada Ferrer, condenado a cuatro años y medio de prisión por, supuestamente, grabar la fila para comprar gas licuado, un acto calificado como "desobediencia" y "atentado" en su sentencia.


Crisis Energética y Protestas Crecientes en la Isla

Las protestas sociales se han intensificado en la isla desde 2022, impulsadas por los cortes eléctricos. En los últimos tres años, Cuba ha sufrido al menos seis apagones generalizados, con la población soportando hasta 15 horas sin electricidad en agosto de este año. El régimen cubano atribuye esta crisis al embargo estadounidense, argumentando que les impide reparar su red de ocho termoeléctricas obsoletas y mantener operativos los grupos electrógenos.

Recientemente, la tensión social volvió a estallar en Gibara, donde decenas de personas protestaron por más de 20 horas sin energía eléctrica y semanas sin suministro de agua. El OCDH, con sede en Madrid, confirmó la detención de 27 personas en esa localidad, de las cuales cuatro siguen privadas de libertad. La directora de Cubalex, Laritza Diversent, indicó que al menos 180 personas han sido arrestadas en el contexto de manifestaciones por los apagones entre 2022 y septiembre de 2025, aunque la cifra podría ser mayor.


Aumento de la Represión y Denuncias de Derechos Humanos

Tras las protestas en Gibara, el OCDH ha denunciado un incremento de las "acciones intimidatorias" por parte de las fuerzas de seguridad en la zona. El organismo ha hecho un llamado urgente para que cese la represión y ha exigido la liberación de todas las personas detenidas por participar en protestas pacíficas. La criminalización de la protesta y el aumento de la represión son, según las organizaciones de derechos humanos, dos de los ejes centrales en las denuncias contra el régimen de La Habana.

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