El sistema de salud pública de Santa Fe enfrenta un desafío financiero significativo, ya que reclama una deuda de $6.102 millones a obras sociales y empresas de medicina prepaga. Este monto se generó a raíz de las prestaciones de salud que se brindaron en hospitales y centros de salud públicos a personas que cuentan con cobertura, pero que no obtuvieron una respuesta de sus financiadores primarios.
Un Estado que se Hace Cargo, no un "Estado Bobo"
El ministro de Economía, Pablo Olivares, enfatizó que "debemos distinguir entre un Estado que actúa, se hace cargo y garantiza la atención sanitaria a todos los ciudadanos, y un Estado bobo, que no reclama el recupero de los costos a quienes debieron cubrir esas prestaciones con los aportes de afiliados y empleadores y no lo hicieron". Esta postura del gobierno provincial busca asegurar que los fondos que debieron ser cubiertos por entidades privadas sean devueltos al sistema público para mejorar sus servicios.
Los Principales Deudores
La deuda está concentrada en gran parte en pocas entidades. El PAMI, la obra social de jubilados y pensionados, es el principal deudor con $1.161 millones, lo que representa una quinta parte del total. Junto con la Obra Social del Personal Rural y Estibadores, la Obra Social del Personal de la Industria del Caucho, la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac) y la Obra Social del Personal de la Construcción (Ospecon), estas cinco organizaciones suman $3.048 millones, más de la mitad del monto adeudado.
El Mecanismo de Reclamo
La secretaria de Hacienda de la Provincia, Belén Etchevarría, resaltó la importancia de recuperar estos fondos, ya que son recursos que "debieron ser cubiertos por un privado y terminó afrontando el Estado provincial". Para ello, se ha establecido un mecanismo administrativo en los hospitales y centros de salud, donde se solicitan los datos personales de los pacientes para identificar si poseen obra social o prepaga. Una vez identificados, se inicia el reclamo correspondiente para que la entidad de cobertura devuelva al Estado provincial los costos de la atención. El gobierno provincial asegura que este proceso no afecta la gratuidad de la atención sanitaria para los ciudadanos, ya que el reclamo se dirige exclusivamente a las entidades financiadoras.
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