Capturan al sobrino de un exjugador de Newell's fugado de comisaría mientras Rosario es sacudida por crímenes de bandas criminales

Rosario, 2 de septiembre de 2025. Un joven que se había escapado de la seccional 21ª de Rosario fue recapturado este martes en la zona sudoeste de la ciudad. Se trata de Francisco Benjamín Torrén, quien había logrado evadirse de la dependencia policial este lunes y permanecía prófugo desde entonces. El recapturado tiene lazos de sangre con un exjugador de Newell's.

Según fuentes policiales, efectivos de la fuerza desplegaron tareas investigativas en inmediaciones de 27 de Febrero y Colombres, donde finalmente lograron interceptar y detener al sospechoso. Tras la aprehensión, Torrén fue trasladado nuevamente bajo custodia a sede policial. La evasión había encendido las alarmas en la comisaría y motivó un operativo de búsqueda en distintos puntos de la ciudad. Con la recaptura, las autoridades iniciaron ahora una investigación interna para establecer las circunstancias en las que se produjo la fuga.

No es la primera vez que aparece el apellido del evadido en las crónicas policiales y cuando la noticia de la fuga comenzó a circular rápidamente se ligó a Francisco con la familia del exjugador de Newell's Miguel Torrén, que desde hace 15 años suma tragedia tras tragedia vinculada con la violencia de Rosario.

Una familia de crónicas deportivas y policiales

Miguel Torrén es oriundo de Villa Constitución, pero iniciado futbolísticamente en Newell's. Con tan solo 16 años saltó a la cancha y debutó con el primer equipo. Todo era alegría en una familia repleta de hermanos, pero que tenía un día a día conflictivo. Francisco Torrén, sobrino de Miguel, se suma a la lista de familiares mencionados en crónicas policiales y causas judiciales, aunque con un destino menos trágico que el resto. Desde el primer hecho en 2010, cuatro hermanos de Miguel murieron en diferentes episodios, con distintas mecánicas de ataque, pero con la misma violencia.

Miguel no pudo asentarse en Newell's a pesar de ser titular inamovible en el Apertura 2007 con Nery Pumpido como entrenador y a fines de 2008 partió rumbo a Paraguay para jugar en Cerro Porteño hasta 2010, año que sufrió la primera pérdida. De allí se tuvo que volver de un día para el otro cuando le avisaron que su hermano Walter, de 32 años, había sido asesinado. Ocurrió el sábado 24 de abril de aquel año, a la vera de una canchita de la zona de Qompi y Aborígenes Argentinos, donde el muchacho participaba de un torneo que organizaba la comunidad Toba y reunía a 49 equipos. La reconstrucción de aquel hecho, ya lejano, indicó que Torrén y un hombre identificado como Omar L. se trenzaron a golpes al costado de la cancha y a medida que la gresca se intensificó terminaron dentro del campo de juego.

Según trascendió en ese entonces, un allegado a la otra persona que vivía en una casa aledaña a la cancha, se interpuso en la pelea con un arma en mano y disparó contra Torrén. El balazo le entró por el omoplato y le generó la herida por la que terminaría muerto. Luego del crimen el barrio Toba vivió horas de mucha tensión. El sindicado como homicida tuvo que escapar del barrio y un día después fue baleado el dueño de la casa de la que había salido esta persona. Walter Torrén había pasado seis años de prisión en Coronda. Luego se había dedicado a vender choripanes y hamburguesas en un carrito con el que solía trabajar los días de partidos en la cancha en la que lo mataron. Apenas pudo viajar desde Asunción, su hermano Miguel, quien fue uno de los jugadores más jóvenes en debutar en la primera leprosa y que lleva nueve años como estandarte de la defensa de Argentinos Juniors, llegó a Rosario para despedirlo.

Diez años después, poco más de una década después, Miguel se había quedado en Argentino Juniors donde vivió momentos buenos y malos con el club de La Paternal. Era el 2020 y la pandemia todavía atravesaba a todo el país y la familia Torrén sufrió el asesinado de otro hermano del exfutbolista rojinegro. Gabriel Francisco Torrén, que tenía 36 años y tres hijos pequeños, apareció muerto a golpes la medianoche del jueves 21 de mayo de 2020. Fue en pasaje Rolla al 4000, a 300 metros de donde este miércoles balearon a Luis. De inmediato trascendieron dos versiones en relación al asesinato. Una de ellas sugería que lo habían matado dos hermanos por una pelea desatada a partir de la división de dinero por la venta de una casa. Pero luego un familiar de la víctima y una vecina denunciaron que Gabriel había sido agredido por agentes del Comando Radioeléctrico que habían llegado al lugar por un llamado al 911.

Después del hecho el fiscal Miguel Moreno ordenó la detención de dos hermanos del futbolista y pidió la intervención de la Agencia de Control Policial para revisar la manera en la que habían intervenido los seis efectivos del Comando que participaron del operativo. La pareja de la víctima contó que el hombre pasó sus últimos tres días de vida evadiendo a sus hermanos. Incluso llegó a avisarle que lo querían matar, todo a raíz de la discusión por el reparto de dinero de la venta de una vivienda. El 21 de mayo lo encontraron pasadas las 22 en la zona de Rolla al 4000, a unos tres kilómetros de su casa.

Dos crímenes más, la tercera víctima del entorno de Miguel fue Luis, de 43 años, que fue baleado por dos personas que se movían en moto el 25 de agosto de 2021. La víctima recibió tres disparos cuando estaba en la puerta de su casa de Puerto Argentino al 4200, en el sudoeste rosarino. Este violento episodio se produjo a cuatro cuadras de donde mataron a Gabriel Torren. Tras el ataque, la víctima fue traslada al Heca, donde fue intervenido quirúrgicamente, pasó 12 días internado hasta que no resistió y falleció. Miguel ya llevaba la cinta de capitán en Argentinos Juniors y venía de jugar la Copa Libertadores con el Bicho. Por último, José Sixto Torrén, de 42 años, fue asesinado tras recibir cinco balazos en su casa de bulevar 27 de Febrero al 7700 el sábado 28 de mayo. Un grupo de al menos cuatro personas llegaron al lugar con dos motos, lo llamaron por su apodo "Coki" y gatillaron.

Luego de ese crimen, Miguel que venía de ser titular en Argentinos emprendió la vuelta para Santa Fe y eligió ponerse la camiseta de Unión, donde jugó por dos temporadas. En 2025, al defensor se lo encuentra en el equipo boliviano de Bolívar y este 2 de septiembre su familia volvió a estar involucrada en un hecho policial, con la fuga y recaptura de su sobrino Francisco.

Los Menores: la primera acusación a la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Diez miembros de la renombrada banda Los Menores fueron acusados este lunes como parte de una asociación ilícita. Entre los imputados está Lautaro "Laucha" Ghiselli, considerado nuevo jefe de la barra brava de Rosario Central desde el asesinato de Andrés "Pillín" Bracamonte. Uno de los aspectos llamativos de lo expuesto en la audiencia es que, si bien la banda se hizo conocida públicamente en 2023 a partir de una serie de homicidios, había comenzado a operar en 2020 gracias a la alianza con otras organizaciones.

Por primera vez fiscales provinciales formalizaron una acusación contra Los Menores considerándola una organización criminal. Si bien algunos de sus miembros ya habían sido imputados por homicidios ligados a la banda, ahora reunieron al menos a diez de ellos bajo la figura de asociación ilícita. El considerado jefe, Matías Gazzani, está prófugo desde 2023 y desde julio de este año los gobierno de provincia y nación ofrecen recompensas por información sobre su paradero. Otro aspecto de interés en la investigación es la acusación al Laucha Ghiselli, al frente del paravalanchas canalla desde fines de 2024. Para los fiscales Luis Schiappa Pietra y Georgina Pairola fue puesto en ese lugar por Gazzani para "administrar los recursos provenientes de los negocios lícitos e ilícitos de la barra brava en beneficio de la asociación ilícita". En ese marco encuadraron el asesinato de Pillín Bracamonte en noviembre pasado, aunque en la causa por ese homicidio no hay por el momento imputados como instigadores.

Los Menores, el origen

A mediados de 2020, tras un allanamiento de la Policía Federal en una causa por comercialización de drogas, los agentes secuestraron teléfonos celulares de las personas investigadas. Pertenecían al clan Godoy - Caminos, sindicados como administradores del narcomenudeo en el barrio 7 de septiembre y conectados con los reclusos Brian "Negro" Villalba y Julio "Peruano" Rodríguez Granthon. Nada tenían que ver con el núcleo de Los Menores, pero en los teléfonos peritados aparecieron conversaciones sobre Matías Gazzani e incluso charlas con él que evidenciaban un conflicto en puerta. Así lo expusieron los federales en un informe que detallaba la intención de Gazzani de "manejar" el barrio.

Los fiscales Pairola y Schiappa Pietra explicaron que en 2020 Gazzani comenzó a aparecer también en investigaciones del Ministerio Público de la Acusación. Fue en relación a al menos dos homicidios que arrojaron como contexto que habían ocurrido en disputas por el control territorial para la venta de drogas. Puntualmente de un lado estaba la banda que respondía a Gustavo "Toro" Martinotti y por el otro el grupo emergente liderado por Gazzani. Pero al tiempo el flamante jefe de la banda se fue de Rosario: los fiscales aseguran que estuvo en Buenos Aires y en Córdoba. La acusación a Los Menores se limita a la asociación ilícita pero para explicar su origen y funcionamiento los fiscales vincularon a una seguidilla de homicidios desde 2020 hasta 2024. Uno de ellos fue contra los Caminos, aquel conflicto que para la Justicia explica el origen de la banda. Marcos Caminos, Micaela Bravo y el hijo de ambos, Ciro, de un año, fueron asesinados a tiros en abril de 2022 en Schweitzer y Colombia. En 2023 ocurrió el asesinato de Ángel Acuña, tal vez el hecho que provocó que por primera vez se hablara públicamente de la banda Los Menores. Un crimen motivado por un conflicto interpersonal que graficó también el dominio territorial del grupo. Tres miembros de la banda están imputados en esa causa.

La banda

Por debajo de la jefatura que le atribuyen al prófugo Gazzani, la Fiscalía imputó como organizadores de la asociación ilícita a cuatro personas. Son Alejandro "Gordo Ale" Leguizamón, de 36 años; Ezequiel "Menor" Dilascio, de 19 años; Lautaro "Laucha" Ghiselli, de 31 años y Matías Guerra de 24 años. Como miembros fueron acusados Dylan "Sarampa" Bartozetti, de 23 años; Diego "Ceja" Aguirre, de 21 años; Kevin "Huesito" De los Santos, de 19 años, Mirko "Yedro" Benítez, de 18 años; Lucas Medina, de 37 años y Germán Hermosín, de 33 años.

Los investigadores describieron que la banda organizó recursos humanos y materiales para dominar territorios de Rosario "con el fin de llevar adelante negocios ilícitos de venta de drogas al menudeo". En ese marco contextualizaron ataques a tiros, extorsiones para quedarse con casas, adquisición ilícita de armas de fuego y vehículos para los que también utilizaban a menores de edad. También explicaron que se valieron de contactos con la Policía, factor clave para el crecimiento de la banda que se expone en la detención del policía Jonatan Garraza, ya imputado como parte de la banda de Lisandro "Limón" Contreras, conectado a Los Menores por Gazzani.

Un punto interesante de la exposición de los fiscales tiene que ver con presuntas alianzas que Gazzani, como jefe de la banda, construyó con otros referentes de bandas criminales. En ese contexto lo ligaron a Claudio "Morocho" Mansilla, Francisco "Fran" Riquelme, Leandro "Gordo" Vilches, Mauricio "Mauri" Ayala y Luis Lobos, todos ligados al narcomenudeo y a hechos violentos que posicionaron a Rosario como la ciudad con la tasa de homicidios más alta del país. Por el momento no trascendió cómo fue que se gestaron esas alianzas.

Laucha Ghiselli

Lautaro Ghiselli fue el único de los imputados que presenció la audiencia, que se extendió hasta el martes, y espera una definición sobre si quedará en prisión preventiva. Los demás imputados ya estaban presos por otras causas ligadas a la estructura de la banda. Ghiselli, en tanto, fue considerado organizador por el rol que le atribuyen desde su lugar en la barra brava de Rosario Central. Para los fiscales la banda tuvo como objetivo "poner a un referente propio" en la tribuna. Por ese motivo aprovecharon los vínculos con personas del núcleo de la barra como Alejandro "Cani" Zamudio y Alejandro Vázquez, ambos imputados como partícipes del crimen de Pillín Bracamonte. Los fiscales expusieron el fragmento de la declaración de un testigo con identidad reservada que aseguró: "Al Laucha lo pone Matías como jefe de la barra. Él no tenía ningún tipo de legitimación con la barra como para ser el jefe, por eso cuando Matías lo apadrina lo empiezan a espetar".

Ghiselli, de acuerdo a lo expuesto hasta ahora, no es mencionado en los hechos violentos que le atribuyen a la banda. Sobre su vínculo con esta banda los fiscales mencionaron que cuentan con evidencias sobre la presencia de Ghiselli en la tribuna de Central junto a los hijos de los narcos Fran Riquelme y Esteban Alvarado, y con miembros de Los Menores también imputados en esta causa. Los investigadores además indicaron que el nuevo jefe de la barra había sido identificado en 2023 en una investigación por venta de drogas que conecta a una vivienda de Almafuerte al 1100, también mencionada en la causa por el crimen de Pillín.

Pena firme para la jefa de los tiratiros que atacaron edificios judiciales en Rosario

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este martes la condena a 20 años de prisión para Lucía Estefanía Uberti, señalada como la mujer que organizó y coordinó a los "tiratiros" que dispararon contra edificios judiciales y domicilios de magistrados en Rosario durante 2018, en plena ofensiva de la banda de Los Monos contra el Poder Judicial.

La defensa había llegado con un recurso de queja hasta el máximo tribunal, pero finalmente lo retiró. Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte tuvo por desistido el planteo y quedó confirmada la sentencia dictada en septiembre de 2021 por el Tribunal de Primera Instancia de Rosario.

Uberti fue hallada culpable de amenazas coactivas agravadas, daño calificado y extorsión, cometidos como instigadora y con participación de menores. La investigación acreditó que actuaba en coordinación con Ariel “Guille” Cantero, líder de Los Monos, y con referentes como Daniel “Teletubi” Delgado, Matías “Pino” César y Leandro “Chulo” Olivera, quienes desde prisión delegaban la ejecución de los ataques.

Según la fiscalía, Uberti se encargaba de planear la logística, seleccionar tiradores y trasladar armas, convirtiéndose en una pieza clave de la estructura clandestina que buscaba intimidar al Poder Judicial para presionar en causas contra la familia Cantero. Una de las pruebas más contundentes fue un mensaje hallado en su celular: “Yo les tenía miedo a los narcos y ahora les doy órdenes a ellos”. Con esta resolución, queda firme la condena que ya había sido confirmada en 2022 por la Cámara de Apelaciones y en 2023 por la Corte Suprema de Santa Fe.

Una trama de violencia inédita

Los fiscales de la causa reconstruyeron que Uberti, con apenas 24 años, tuvo un rol central en la coordinación de al menos diez ataques armados entre mayo y septiembre de 2018, todos con un denominador común: estaban dirigidos contra dependencias oficiales del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa Pública, así como contra viviendas de jueces, fiscales, policías y familiares directos de funcionarios que habían intervenido en causas contra la familia Cantero. “Se trató de un plan sistemático para desestabilizar las instituciones del sistema penal, quebrar el orden público y crear un clima propicio para negociar el regreso de Ariel ‘Guille’ Cantero a una cárcel de Rosario”, describió la acusación.

En esa estructura, Uberti fue señalada como la responsable operativa de organizar a los sicarios que ejecutaban los atentados, seleccionando tiradores, trasladando armas en su propio vehículo y hasta dictando los mensajes intimidatorios que debían dejarse en los lugares atacados. En su celular quedó registrada la frase que los fiscales usaron como síntesis de su transformación: “Yo les tenía miedo a los narcos y ahora les doy órdenes a ellos”.

El vínculo con Los Monos y el fallo judicial. La investigación acreditó que Uberti actuaba bajo la órbita de Ariel “Guille” Cantero, líder histórico de Los Monos, quien desde su lugar de detención delegaba la organización a hombres de confianza como Daniel “Teletubi” Delgado, Matías Nicolás “Pino” César y Leandro “Chulo” Olivera, todos con roles de coordinación de células dedicadas al narcotráfico y la violencia armada. Uberti, que provenía de una familia de barrio Alvear, logró posicionarse como figura de mando dentro de la organización gracias a su carisma y capacidad de conducción. Los investigadores remarcaron que ejercía una autoridad “construida desde el afecto” hacia los más jóvenes que participaban en los ataques.

El hallazgo de su vínculo con Matías César, joven de Tablada, fue el quiebre de la investigación. Ambos eran seguidos por separado hasta que fueron encontrados juntos en una casa de barrio Acindar. Esa relación permitió unir las dos ramas de la red criminal y desentrañar la trama de los atentados.

El 30 de septiembre de 2021, Uberti fue condenada a 20 años de prisión por delitos de amenazas coactivas agravadas, daño calificado y extorsión, en calidad de instigadora y con participación de menores de edad. En 2022 la Cámara de Apelaciones confirmó la pena, y en 2023 la Corte Suprema de Santa Fe rechazó los planteos de la defensa, que alegaban violación del principio de inocencia y reclamaban un beneficio por ser madre de un hijo menor de edad. Al llegar a la Corte nacional, la defensa intentó sostener un recurso de queja, pero finalmente lo retiró. La decisión dejó firme la condena y cerró un proceso judicial que demandó más de seis años.

Un antes y un después, la saga de balaceras de 2018 fue inédita en Argentina: nunca antes se había registrado una serie de atentados seriales con el objetivo de atacar directamente a una institución del Estado como el Poder Judicial. En ese contexto, Uberti emergió como una pieza clave en la articulación entre los líderes encarcelados de Los Monos y los grupos de jóvenes que ejecutaban los ataques en Rosario.

El caso demandó 190 allanamientos, decenas de imputados y seis horas de audiencia de acusación con pruebas contundentes. En septiembre de 2021, Uberti fue condenada a 20 años de prisión como instigadora de amenazas coactivas agravadas, daño calificado y extorsión. La Cámara de Apelaciones confirmó el fallo en 2022, la Corte santafesina lo ratificó en 2023 y ahora la Corte nacional lo dejó firme tras el desistimiento de la defensa. La investigación dejó en claro cómo las organizaciones criminales logran proyectar poder desde las cárceles y cómo jóvenes líderes como Uberti se transforman en engranajes fundamentales para sostener esa violencia.