En un movimiento que ha generado controversia, el presidente argentino Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario, que buscaba asegurar fondos para las casas de altos estudios y mejorar los salarios del personal docente y no docente. El veto, publicado este miércoles en el Boletín Oficial bajo la ley 27.795, fue firmado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y varios ministros clave del gobierno.
Argumentos del Gobierno y el Costo Fiscal
El gobierno de Milei justificó su decisión alegando que el proyecto de ley no especifica las sumas de crédito necesarias para su financiamiento, abordando los recursos "de manera genérica". La Casa Rosada ha sostenido desde el inicio que la iniciativa tendría un costo fiscal demasiado elevado, estimado en más de un billón de pesos para 2025. Según el gobierno, esto pondría en riesgo el superávit fiscal, pilar fundamental de su plan económico, y la estabilidad de las finanzas públicas.
El gobierno libertario argumenta que este "gasto sin respaldo real" solo podría ser financiado a través de emisión monetaria, lo que, a su vez, incrementaría la inflación y afectaría negativamente a los sectores más vulnerables de la población.
El Proceso Legislativo y Otras Leyes en Riesgo
La ley, impulsada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), había sido aprobada en la Cámara de Diputados a principios de agosto con una amplia mayoría de 158 votos afirmativos. A pesar de este apoyo, no alcanzó los dos tercios necesarios para que la oposición pudiera insistir con el proyecto original y revertir el veto presidencial.
Además de esta medida, el gobierno de Milei tiene la intención de vetar otras dos iniciativas aprobadas en la misma sesión especial: la declaración de emergencia en pediatría por la crisis del Hospital Garrahan y el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) con las provincias. Aunque el plazo para remitir estos vetos al Congreso vence este jueves, aún no se ha hecho.
La norma vetada establecía que los gastos de funcionamiento de las universidades, hospitales universitarios y partidas de investigación se actualizarían automáticamente por inflación. También ordenaba la convocatoria a paritarias en un plazo de tres meses para recomponer salarios y aumentar las becas. La comunidad universitaria de Rosario ha estado movilizada activamente contra la política del gobierno de Javier Milei.
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