Un juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ha invalidado el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad. La resolución, conocida este lunes, responde a un recurso de amparo presentado por los padres de dos niños de 11 años. Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad, analizó el alcance de la sentencia y aclaró que, si bien el fallo es para un caso particular, “sienta un valioso precedente”.
"Si bien se trata de un fallo para un caso particular, es muy valioso porque sienta un precedente. La cuestión semántica es importantísima porque ubica lo que venimos planteando hace muchísimo tiempo. La cuestión presupuestaria no puede estar nunca por encima de los convenios internacionales y por sobre el derecho a la salud y la educación de los hijos", sostuvo Chapero, quien, sin embargo, señaló que la sentencia no está firme y podría ser apelada.
En sus fundamentos, el juez hizo lugar al amparo al señalar que los hermanos padecen “trastornos generalizados del desarrollo” y “trastornos específicos en las habilidades escolares”. Los niños asisten a un centro educativo terapéutico y a un colegio especial, el cual, según sus autoridades, ha visto peligrar su funcionamiento debido al desfinanciamiento estatal. El fallo también destaca que las instituciones se mantienen gracias a préstamos bancarios y donaciones.
El fallo judicial como precedente
En declaraciones radiales, Chapero subrayó que el fallo del juez González Charvay “sienta un precedente, no es aplicable a todo el país” y que, en caso de ser necesario, sería “caso por caso”.
"Lo que es muy valioso es que desde el discurso judicial se legitimen cuestiones que tienen que ver con el campo del derecho, las legislaciones internacionales que se están violando, porque con la excusa de que no se ha eliminado el sistema integral de prestaciones, sí se está desarmando el sistema por la precarización y desfinanciación a la que viene sometido hace tiempo y que lo está haciendo desaparecer”, remarcó.
Chapero enfatizó la importancia de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, donde se tratarán los vetos presidenciales. Hizo un llamado a la movilización frente al Congreso. "Le solicitamos a los legisladores y legisladoras que contemplen las necesidades del pueblo que los votó para que estas leyes puedan entrar en funcionamiento y puedan proteger a las personas con discapacidad que están desamparadas hace mucho tiempo”.
Movilización al Congreso
Para poder rechazar los vetos, se necesita el voto afirmativo de una mayoría especial en la Cámara de Diputados. Chapero consideró que los votos están "justos" y por ello es fundamental la movilización. "Nos estamos comunicando con los legisladores desde las distintas organizaciones e invitamos a la población a ponerse en contacto con los diputados porque sus correos electrónicos están a disposición en la página web de la Cámara. Hay que explicarles las situaciones singulares. Cada familia tiene derecho a exigir a quien votó que resguarde sus derechos”.
La ley de emergencia en discapacidad, aprobada por el Congreso y vetada por el Presidente, "contempla el sistema integral de prestaciones", que incluye salud, educación, transporte y rehabilitación, y busca recomponer la situación arancelaria de las instituciones, que no se actualizan desde noviembre del año anterior.
La normativa también busca garantizar presupuesto para la Agencia Nacional de Discapacidad y sus programas, permitiendo que más de 500 mil personas que no tienen pensión puedan acceder al sistema de prestaciones. "Esas personas están por fuera del circuito de educación, de formación laboral, de hogar, de rehabilitación", concluyó.
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