El faltante de chapas patente se ha convertido en un nuevo y significativo problema para miles de ciudadanos en todo el país. Pese a haber completado todos los trámites legales, numerosos propietarios de vehículos se encuentran imposibilitados de circular con normalidad, una situación que persiste a pesar de las promesas de normalización por parte del gobierno nacional en mayo.
Frente a esta crítica realidad, la diputada nacional por la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, ha tomado la iniciativa al presentar un pedido de acceso a la información pública. El requerimiento, dirigido al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, exige explicaciones concretas sobre las demoras y complicaciones derivadas de la falta de provisión de patentes.
"El Estado no puede seguir fallando en cuestiones básicas que afectan la vida cotidiana de los argentinos. Es inadmisible que quienes hacen las cosas bien terminen perjudicados por la ineficiencia del Gobierno", enfatizó Campagnoli en su presentación, amparándose en la Ley 27.275 que garantiza el derecho ciudadano a la información pública.
El pedido de la legisladora busca desentrañar los motivos exactos detrás de este problema, así como los plazos previstos para su resolución definitiva. Además, solicita conocer la cantidad actual de dominios provisorios vigentes y el estado del proceso de licitación que resultó en la adjudicación del servicio a la empresa Tönnjes Sudamericana S.A. La diputada también requiere información sobre los proveedores anteriores y las razones por las cuales dejaron de operar.
Campagnoli cuestionó abiertamente el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno, recordando que el Ministerio de Justicia había prometido la normalización del sistema para mayo. "Ese plazo venció hace tiempo y el problema continúa. Queremos saber por qué no se cumplió con ese compromiso y qué medidas se están tomando para resolverlo", sentenció.
Otros legisladores han expresado su preocupación, coincidiendo con Campagnoli en que este inconveniente es una muestra más de la desorganización en áreas clave del funcionamiento estatal. Señalan que la falta de patentes no solo retrasa la entrega de vehículos, sino que también expone a miles de personas a posibles sanciones por circular sin la documentación definitiva, a pesar de haber cumplido con todas sus obligaciones legales.
"El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la ley y facilitar la vida de quienes la respetan. No puede ser que una gestión ineficiente genere consecuencias negativas para los ciudadanos", concluyó la diputada Campagnoli.
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