El Gobierno nacional incrementó hoy del 7,5% al 13,06% la alícuota de retención y percepción que pagan los clubes en concepto de aportes jubilatorios al sistema de seguridad social. La decisión se oficializó a través de la resolución 16/2025 de la Subsecretaría de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se manifestó al respecto en un posteo de "X", donde criticó duramente a los clubes. "En 2024 las ventas de jugadores de fútbol argentinos dejaron ingresos por US$ 324 millones", señaló Sturzenegger, citando datos de FIFA publicados en el diario La Nación. Sin embargo, añadió, "a la hora de pagar los aportes y contribuciones a la seguridad social la actividad que genera estos ingresos es subsidiada por los jubilados".
Sturzenegger explicó que el régimen especial para el ingreso de aportes jubilatorios del fútbol, establecido en 2001 durante el gobierno de Duhalde mediante el decreto 1212/03, reemplazó el régimen general por un cargo sobre la venta de entradas, transferencias de jugadores y derechos de televisación. El ministro subrayó que "el truco es que las alícuotas establecidas hacían al sistema deficitario", a pesar de que el decreto original exigía neutralidad en la recaudación.
El funcionario detalló la progresión de las alícuotas, que pasaron del irrisorio 2% inicial al 6,5% (Resolución 81/05), luego al 6,75% (Decreto 231/19) y finalmente al 7,5% (Decreto 510/23). Según Sturzenegger, esta escalada nunca logró equilibrar el sistema, dejando a los jubilados a cargo del déficit.
El ministro señaló que más recientemente el déficit comenzó a aumentar, registrando 7.000 millones de pesos entre noviembre de 2023 y abril de 2024. Atribuyó este incremento a dos factores principales: los clubes sumaron actividades no relacionadas con el fútbol que también gozaban de la exención de aportes jubilatorios, y para eludir los pagos, pasaron de vender entradas a un régimen de "abonos", excluidos del decreto 1212. Como ejemplo, mencionó el caso de River Plate, que "desarrolló actividades educativas (...) por las que no paga aportes al personal, mientras que la escuela ORT, a dos cuadras, sí debe hacerlo".
Sturzenegger precisó que "si en el primer año de Javier Milei el sistema aportó el 57% de lo recaudado, en los siguientes seis meses ese porcentaje había caído al 33%".
El funcionario recordó que el Decreto 939/24 buscaba poner fin a esta inequidad, habilitando una comisión para diseñar un nuevo sistema sin déficit o, en su defecto, retornar al sistema general. Sin embargo, "vencido el plazo de 6 meses, la AFA y los clubes trajeron una propuesta claramente deficitaria", lo que llevó al gobierno a solicitar a la AFA que garantizara cualquier faltante. "Pero se ve que pese a sus millonarios ingresos, la AFA del 'Chiqui' Tapia no quería asumir riesgos: prefirió que sigan pagando los jubilados", afirmó. Por ello, a fines de abril, el Decreto 939/24 revirtió las obligaciones del fútbol a las regulares de todos los contribuyentes.
En este contexto, el ministro denunció que "a días de la vuelta al sistema general, la casta (la AFA en este caso) obtuvo una protección cautelar de su privilegio" por parte del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6 de la CABA. Sturzenegger cuestionó la decisión judicial, señalando que "mientras miles de empresas, pymes, autónomos, etc… pagan sus aportes y contribuciones a la seguridad social por el régimen general el juez pretendía que un grupo privilegiado pudiera evitar contribuir lo que el resto al sistema jubilatorio. Total, el déficit es de los jubilados”.
Para ilustrar la situación, el ministro comparó que para Vélez Sarsfield, volver al sistema general habría significado pagar 26 veces más en aportes, y para River Plate, 22 veces más. Afirmó que, aunque el juez consideró esto "una barbaridad", omitió mencionar que Vélez contribuía US$ 12.000 por 714 empleados y River US$ 27.000 por 1.530 empleados, a pesar de que ambos clubes declararon ganancias en sus balances de 2024 de US$ 28 millones y US$ 65 millones, respectivamente.
Finalmente, Sturzenegger concluyó que al restablecer la vigencia del decreto 510/23, que permitía al fútbol mantener su privilegio, el juez obligó al gobierno a realizar el ajuste en las alícuotas para que el sistema "esté en equilibrio".
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