Fabiola Yañez solicitará 12 años de prisión para el expresidente Alberto Fernández en la causa por violencia de género.
Este requerimiento de la querella se da a conocer luego de que el fiscal federal Ramiro González confirmara el cierre de la etapa de investigación y comenzara los pasos formales para pedir el inicio del proceso judicial. En cumplimiento del Código Procesal, se ha dado traslado a Yañez para que presente su opinión formal.
Una vez que la denunciante oficialice su pronunciamiento, González analizará la respuesta y, basándose en ella, presentará el requerimiento de elevación a juicio ante el juez Julián Ercolini. Posteriormente, será el turno de la defensa del expresidente, quien podrá responder por escrito y, como se anticipa, apelará la decisión. Finalmente, Ercolini será quien determine si el caso avanzará a juicio oral.
Avances en la Causa Judicial contra Alberto Fernández
Cámara Federal ratifica procesamiento por "lesiones y amenazas" en contexto de "desigualdad de poder"
En abril, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Fernández por los delitos de “lesiones leves agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género”, “lesiones graves” y “amenazas coactivas” contra la exprimera dama, con quien mantuvo una relación desde al menos 2016 hasta mediados de 2024.
Con la firma de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, la Cámara sostuvo que durante esos años existió un vínculo marcado por la “desigualdad de poder” y una “violencia habitual y constante”, principalmente de tipo psicológica, pero también con episodios físicos recurrentes.
Según el fallo, los hechos ocurrieron en un entorno de aislamiento forzado dentro de la Quinta de Olivos, donde Fernández ejercía plena autoridad. Los jueces señalaron que existen “fuertes motivos para sostener que los hechos concretos y objetivos que fueron preliminarmente acreditados en la causa, que incluyeron lesiones y otras formas de violencia de género practicadas por quien mantenía una marcada desigualdad de poder con ella, fueron la causa de un marcado deterioro en las condiciones de salud de la víctima”.
Asimismo, se enfatizó que la situación de vulnerabilidad de Yañez era conocida por el imputado desde el inicio de la relación. “Todo demuestra que la damnificada estaba en una situación de desigualdad de poder, al interior y exterior de la pareja”, agregaron.
En febrero de este año, Ercolini había dictaminado el procesamiento de Alberto Fernández, así como el embargo de sus bienes por diez millones de pesos y una orden de restricción, prohibiéndole acercarse a menos de 500 metros de su expareja o contactarla por cualquier medio, ya sea físico, telefónico o digital.
En su defensa, el expresidente presentó una apelación de 59 páginas en la que rechazó todas las acusaciones y solicitó su sobreseimiento. Alegó que la resolución judicial carece de pruebas directas, se basa en interpretaciones subjetivas y que los presuntos chats en los que Yañez relataba situaciones de violencia no fueron extraídos de su dispositivo original. “La ausencia de evidencia directa no puede ser reemplazada por construcciones subjetivas”, argumentó su defensa.
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