El Tribunal Oral Federal 2 ha determinado que la expresidenta Cristina Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad deberán restituir al Estado una suma de $684 mil millones.
La resolución, firmada por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, sostiene que la medida es "consecuencia del proceso de determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción; y que además se habrá de disponer bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes que sirvan a esos fines”.
Según lo establecido por la ley, los condenados disponen de diez días hábiles para cumplir con la orden.
Dado que se trata de un concepto solidario para reparar el daño causado, el monto no se dividirá en partes iguales entre los condenados. En su lugar, deberán acordar entre ellos la proporción que cada uno aportará. Los magistrados enfatizaron que el decomiso se dispondrá "bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes" que ya se encuentran embargados.
El proceso para que la suma estipulada por el tribunal retorne al Estado se anticipa prolongado y complejo, ya que es probable que alguna de las partes apele el mecanismo utilizado para la actualización del monto.
Es importante destacar que, debido a la unificación de penas con la denominada "ruta del dinero K", cualquier medida adoptada en el marco de la causa Vialidad excluye al empresario Lázaro Báez y, por consiguiente, a todos sus bienes. Al respecto, los jueces señalaron: “Hasta tanto sean materializadas estas medidas, difiérese la materialización de la actualización ordenada en el punto A de este decreto con relación a Lázaro Antonio Báez”.
En caso de que la orden de devolver dicha suma sea confirmada, se iniciará un nuevo proceso para obtener el dinero en efectivo y proceder al remate de los bienes a nombre de los condenados hasta cubrir la cifra establecida.
La controversia por el cálculo de la cifra
El Tribunal Oral Federal 2 decidió avalar la cifra establecida por el Centro de Asistencia Judicial Federal de la Corte Suprema, desestimando la presentada por el perito de Cristina Kirchner, quien sostenía que solo correspondía la devolución del 6% de la cifra oficial.
Los magistrados afirmaron que los peritos de la Corte “se encuentran alcanzados por las garantías de independencia e imparcialidad, común a todos los sujetos que integran el órgano jurisdiccional”. Además, agregaron que, “más allá de lo dictaminado por los peritos que representaban los intereses de las partes, ninguno de ellos cuestionó ni impugnó la metodología concreta escogida y explicada por la perito oficial”.
Con la firma del contador José Gaincerain, la defensa de la expresidenta había asegurado que la suma a devolver era de $42.494.357.845,17.
La principal diferencia en el cálculo radica en que los peritos de la Corte utilizaron el índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el INDEC, mientras que Gaincerain argumentó que el cálculo debía realizarse tomando la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Finalmente, el criterio del contador fue desestimado por el tribunal, que remarcó: “La aplicación del índice de precios al consumidor nivel general (IPC) importa mantener la pauta que ya fue utilizada para la primera reexpresión monetaria, oportunamente realizada la uniformidad en el índice favorece la comparabilidad y a la vez protege a la decisión de cuestionamientos que aleguen discrecionalidad o falta de justificación”.
Los magistrados concluyeron que “no menos importante resulta el hecho de que las profesionales contables que participaron de la junta pericial en representación del Ministerio Público Fiscal también consideraron a este método como una de las alternativas posibles y preferibles, no sólo a través de la suscripción del dictamen en forma conjunta, sino en el informe que además les es propio”.
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