Una importante reforma en el sistema judicial de Santa Fe entró en vigor este sábado con la implementación del nuevo Código Procesal Penal Juvenil, aprobado a fines de 2023 por la ley N° 14.228. Esta normativa marca un antes y un después en la forma de abordar los delitos cometidos por menores de 18 años, significando la eliminación de la antigua Justicia de Menores y la modalidad de persecución penal que la caracterizaba.
Desde la Corte Suprema provincial se enfatizó que, con esta medida, los juzgados de menores dejarán de funcionar. A partir de ahora, las investigaciones de los delitos perpetrados por jóvenes de entre 16 y 18 años quedarán bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Esta transición ha implicado diversas acciones desde la sanción de la ley, incluyendo el traspaso de expedientes, funcionarios y personal, así como la capacitación de los operadores judiciales para adaptarse a las nuevas disposiciones. Los magistrados de primera Instancia de Distrito de Menores se integrarán a los Colegios de Jueces Penales de Primera Instancia de sus respectivas jurisdicciones.
El nuevo régimen procesal es aplicable a personas que al momento de cometer un hecho calificado como delito tengan menos de 18 años y puedan ser legalmente imputadas y responsables penalmente. En el caso de menores de 16 años, actualmente inimputables, la norma contempla un proceso penal con el objetivo de absolverlos, dado que por su edad no pueden ser privados de su libertad.
Una de las principales novedades es la creación de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (Uferpa), que operará dentro de la Coordinación de Fiscales para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados de la Fiscalía General, bajo la dirección de la fiscal Carla Cerliani.
La fiscal general María Cecilia Vranicich, quien lideró la implementación desde el MPA, destacó que la puesta en marcha de este sistema, sumada a la reciente incorporación del juicio por jurados, significa que "el proceso penal en Santa Fe se encuentra completamente adecuado a la Constitución". El nuevo Código establece un sistema de enjuiciamiento acusatorio, público y oral, en sintonía con el modelo penal vigente para adultos desde 2014.
Esta reforma no solo alcanza a los adolescentes imputables —aquellos entre 16 y 18 años— que cometan delitos con una pena mínima superior a los dos años de prisión, sino que también contempla el abordaje institucional de menores de 16, aunque no puedan ser penalmente condenados. Entre las herramientas que incorpora la normativa, se encuentran el juicio abreviado y la probation para menores, así como nuevos criterios para la prisión preventiva, buscando evitar el alojamiento de adolescentes junto a adultos, salvo excepciones específicas. Además, se establece que las penas, en caso de corresponder, se cumplirán recién a partir de la mayoría de edad, en espacios especialmente habilitados para jóvenes.
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