El Gobierno avanza con la implementación del régimen simplificado del impuesto a las Ganancias, que entró en vigencia este domingo. Paralelamente, la administración concentra sus esfuerzos en consolidar el plan para que los ciudadanos saquen sus dólares del colchón, lo que incluye la preparación de una ley para ser presentada en el Congreso y la búsqueda de un mayor respaldo de las provincias.
Desde este domingo, los contribuyentes que opten por este sistema no estarán obligados a presentar información sobre sus consumos o patrimonio. La normativa establece que “las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, que sean contribuyentes o responsables del Impuesto a las Ganancias, podrán optar por la modalidad simplificada”.
Esta reglamentación constituye un paso más en la instrumentación del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, impulsado por el Gobierno. No obstante, aún restan por conocerse los detalles del proyecto de ley que el Gobierno de Javier Milei enviará al Congreso, el cual, según adelantó Guillermo Francos, será presentado esta semana.
El objetivo principal de este proyecto es elevar el monto a partir del cual la evasión se considerará delito —actualmente fijado en $1,5 millones— y reducir los plazos de proscripción de los delitos tributarios.
El jefe de Gabinete señaló que, además de facilitar el uso de estos ahorros, se busca garantizar que la información sobre el patrimonio de los ciudadanos no sea revisada exhaustivamente a futuro. En este sentido, anticipó que el Ejecutivo procura reducir el período de prescripción de cinco años —su duración actual— a dos años.
En paralelo a la preparación del proyecto de ley, el ministro de Economía, Luis Caputo, y Francos han mantenido diversas reuniones con gobernadores con el fin de obtener su adhesión al plan. El propósito es que las provincias no aprueben nuevos regímenes de información que puedan reemplazar a los derogados por el ente nacional.
Desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA) informaron que para esta semana están programadas varias reuniones con mandatarios provinciales para la firma de dicho compromiso.
Catamarca, bajo la gestión del gobernador Raúl Jalil, fue la primera provincia en formalizar su adhesión, seguida por Tucumán. El resto de los referentes provinciales permanecen a la expectativa de conocer la letra chica de la ley.
El Gobierno advirtió que las provincias que no se adhieran al régimen perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como los datos relativos a los consumos que excedan los umbrales establecidos por ARCA ($50 millones).
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