El gobierno nacional ha disuelto definitivamente el programa Procrear, establecido en 2012 para facilitar el acceso a la vivienda familiar. Con el cierre del fondo fiduciario público, surgen interrogantes sobre el futuro de los créditos vigentes, las casas en construcción y aquellas pendientes de adjudicación.
La medida, oficializada mediante la resolución 764/2025 y el decreto 1018/2024, justifica la disolución argumentando que el programa representaba una “pesada carga” para las finanzas públicas. El objetivo, según el gobierno, es “mejorar el funcionamiento del Estado, reducir su sobredimensionamiento y transparentar el gasto”.
Créditos Procrear: ¿Sin cambios en las condiciones?
El Ministerio de Economía dispuso que el Banco Hipotecario S.A. asuma la gestión de los créditos ya otorgados. Esta decisión garantiza que los titulares de los créditos mantendrán sus condiciones contractuales originales, incluyendo el monto, la tasa de interés, el sistema de actualización y el cronograma de pago. Esto significa que no se verán alterados los derechos y obligaciones de quienes ya accedieron a las líneas de crédito.
Viviendas en construcción y no adjudicadas: Un futuro incierto
Actualmente, 17.000 viviendas se encuentran en diversas etapas de construcción a lo largo del país. Tras el anuncio del fin del fondo fiduciario, el gobierno nacional ha resuelto que la continuación y finalización de estos proyectos urbanísticos recaerá en los gobiernos provinciales o municipales, o, en su defecto, en el sector privado.
Este proceso ya se inició en 2024, con la transferencia de desarrollos habitacionales en curso a provincias como Catamarca, Chubut, Corrientes, Mendoza, Río Negro, Santa Fe y Buenos Aires. Ahora, son las administraciones provinciales las que deberán definir el futuro de estas obras y cómo se llevará a cabo su adjudicación.
Por otro lado, el gobierno nacional ha comunicado que las viviendas terminadas pero aún no adjudicadas podrían incorporarse al mercado a través de ventas directas, eliminando el sistema de sorteos que caracterizó al programa Procrear.
Informes de la Sindicatura General de la Nación citados en la resolución de disolución señalan “demoras en la entrega de viviendas, falta de condiciones de habitabilidad en unidades adjudicadas, desactualización de manuales de procedimiento y dificultades para el control y fiscalización de recursos”.
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