Rosario, epicentro de la ley antimafia: buscan declarar la ciudad "zona de investigación especial"

Tal como se había anticipado, Rosario se convertirá en la primera ciudad del país donde se implementará la ley antimafia, una normativa destinada a establecer penas más severas e igualitarias para todos los integrantes de una organización criminal. Las autoridades nacionales han formalizado su pedido al Poder Judicial para que declare a la ciudad santafesina como “zona sujeta a investigación especial”, lo que permitirá la plena aplicación de esta nueva legislación y otorgará mayores recursos operativos a las fuerzas de seguridad y a la Justicia.

La resolución del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de Patricia Bullrich, representa un nuevo respaldo a la provincia en su lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada. Cabe recordar que desde diciembre de 2023, fuerzas federales se encuentran desplegadas en Rosario en el marco del Plan Bandera, trabajando en coordinación con la policía provincial, una estrategia que ha logrado una significativa reducción de los homicidios dolosos y los índices de violencia.

La nueva reglamentación implica un endurecimiento sustancial de las sanciones para los miembros de bandas narcocriminales o mafiosas. En concreto, se amplía la capacidad de investigación tanto de la Justicia como de las fuerzas de seguridad, al tiempo que se les otorgan herramientas procesales más robustas para desarticular las grandes organizaciones dedicadas al narcotráfico, lavado de activos, extorsión y trata de personas.

Dentro del marco de la ley antimafia, se destacan la habilitación de allanamientos masivos, la intervención de comunicaciones digitales y el decomiso anticipado de bienes. Asimismo, la normativa estipula penas más elevadas, que podrían alcanzar el doble de las actuales, e iguala la condena por el delito más grave para todos los integrantes de una organización criminal, sin importar su rol, desde el autor intelectual hasta aquel que aportó información clave.

En declaraciones, la ministra Bullrich enfatizó: “En estas zonas de investigación especial, las organizaciones van a ser perseguidas en su totalidad, no solo a un miembro. Todos los que pertenezcan, sin importar qué tarea cumplan, serán procesados y condenados llegado el caso por el delito. Por el solo hecho de pertenecer a la organización, se aplica la pena más alta”.

Bullrich confía en el acompañamiento del Poder Judicial en la implementación de esta ley. "Queremos dar golpes fuertes y que lo poco que queda de organización no esté más, y no se organicen nuevas bandas. Tuvimos conversaciones con la justicia federal sobre la importancia de esta ley", señaló. Además, resaltó el amplio respaldo político con el que cuenta la medida, incluyendo el apoyo del gobernador Maximiliano Pullaro, quien expuso sobre el tema en el Congreso.

Según la ministra, el Plan Bandera ha realizado un trabajo "enorme" en la ciudad. "Hemos visto en la experiencia de otros países que se confiaron y quedaron quietos pensando que tenían todo resuelto y las cosas empezaron a nacer de nuevo, como la hiedra. Hemos dado un paso enorme, y la gente lo siente en la paz, en cómo puede vivir y cómo funciona la ciudad, pero no queremos quedarnos dormidos", advirtió.

Tanto Bullrich como Pullaro han destacado la baja en los homicidios en Rosario en recientes conferencias de prensa, y ambos han sido fuertes impulsores de la ley antimafia.

La resolución del Ministerio de Seguridad Nacional detalla en sus considerandos que la situación en Rosario era “crítica y límite”, motivando el pedido de auxilio por parte del gobernador. “Que a consecuencia de los hechos delictivos de extrema gravedad que se producen en la ciudad de Rosario, se ha generado una situación de conmoción social que impulsó al señor gobernador de la provincia de Santa Fe, Dr. Maximiliano Pullaro, a solicitar al ministerio de Seguridad Nacional la convocatoria del comité de crisis en la mencionada ciudad”, se explica en el documento oficial.

Asimismo, se recuerda la Resolución N° 107/2024, que convocó al comité de crisis, señalando que “en los últimos días se han producido en Rosario hechos delictivos de extrema gravedad, que generaron en esa ciudad una situación de conmoción social, lo que hace necesario el urgente esfuerzo coordinado del Estado nacional y de la provincia de Santa Fe en orden a restablecer la seguridad interior”.

La resolución también menciona información de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, de carácter secreto, que confirma la "operación de organizaciones criminales" en Rosario.

En base a estos argumentos, el artículo 1° de la resolución establece: "Solicitar a los magistrados federales competentes en Rosario, provincia de Santa Fe, la declaración de zona sujeta a investigación especial, del área comprendida por la ciudad, en los términos del artículo 4° de la ley N° 27.786".

Finalmente, el artículo 2° dispone: "Poner a disposición del Ministerio Público Fiscal federal a las fuerzas policiales y de seguridad federales que actualmente operan en Rosario, en el marco del Plan Bandera, para las labores de detección de delitos específicos vinculados con la tipología y modalidades comprendidas en la ley N° 27.786, sea en forma previa o posterior a la declaración solicitada en el artículo 1°".