Prisión preventiva para Fernando Whpei por extorsión y otros delitos junto al juez Bailaque

El financista Fernando Whpei deberá cumplir prisión preventiva por 90 días tras ser imputado por su presunta participación en una extorsión a un empresario y por el supuesto cobro de mil millones de pesos provenientes de la intervenida cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín. La decisión judicial también involucra al juez federal Marcelo Bailaque, señalado como cómplice en estas maniobras.

Durante la tensa audiencia imputativa, además de la prisión preventiva, se dictaminó un embargo de 1.500 millones de pesos contra Whpei y la inmovilización de sus propiedades, incluyendo acciones y vehículos, hasta cubrir dicho monto.

En un contexto que la defensa calificó de "amañado", se llevó a cabo la audiencia en la Justicia Federal, derivada del caso que también involucra al juez Bailaque. En este marco, los abogados de Whpei presentaron una recusación contra los fiscales federales intervinientes.

La acusación contra Bailaque se centra en el presunto armado de una causa penal en 2019 para exigirle al agente de bolsa Claudio Iglesias la suma de 250 mil dólares a cambio de detener un proceso judicial por lavado de dinero en su contra. Según las declaraciones de Iglesias, fue el propio Whpei quien se encargó de gestionar el cobro de esta suma.

El extitular de la Afip, Carlos Vaudagna, en su rol de testigo colaborador, también aportó detalles sobre los nombres y la implicación en la maniobra. Una de las motivaciones de la extorsión, según se ventiló en Tribunales, era evitar que Iglesias asumiera la presidencia del grupo asegurador San Cristóbal.

Si bien Bailaque fue imputado por esta causa de extorsión, se amparó en sus fueros para evitar la prisión preventiva, aunque su caso se encuentra bajo revisión en el Consejo de la Magistratura. Vaudagna, por su parte, llegó a un acuerdo con los fiscales tras confesar su participación en las supuestas maniobras.

Al ingresar al edificio de tribunales, Whpei se mostró hostil con los fiscales, encabezados por Federico Reynares Solari. Sus defensores argumentaron que Iglesias inventó la acusación de extorsión para victimizarse y desviar la atención de su reciente procesamiento por lavado de activos en otra causa. Además, señalaron que Iglesias recién declaró sobre la supuesta extorsión en abril de este año, a pesar de que el hecho habría ocurrido en 2019, y lo hizo después de ser procesado y de que Vaudagna confesara su participación.

En un intento por desvirtuar la acusación, la defensa de Whpei incluso mencionó detalles sobre una cena en la que supuestamente se planeó la extorsión, argumentando que "Whpei no pudo nunca haber asistido a la cena con Bailaque y Vaudagna [...] porque se comió paella y Whpei es alérgico a los pescados”.

Asimismo, presentaron información sobre la relación comercial entre Whpei e Iglesias entre 2020 y 2022, destacando proyectos inmobiliarios y la gestión de compraventa de vinos, actitudes que, según la defensa, "no se mantienen con alguien que, supuestamente, lo habría extorsionado".

También se presentaron declaraciones de tres altos ejecutivos de San Cristóbal, quienes negaron que Iglesias alguna vez hubiera sido considerado para la presidencia de la compañía.

La defensa acusó a los fiscales de "incumplir con su trabajo al perder la objetividad" y de omitir información relevante en sus presentaciones ante el juez, sugiriendo que incluso deberían haber acusado a Iglesias por falso testimonio. Los fiscales, en contraposición, señalaron que los abogados de Whpei no hicieron mención a las declaraciones de Vaudagna, quien implicó directamente al financista en las extorsiones.

Finalmente, el juez Eduardo Rodrigues Da Cruz rechazó la recusación presentada por la defensa, calificándola de "poco seria" y como un intento dilatorio. Tras la audiencia, que comenzó con retraso, se ordenó la detención de Whpei, quien fue trasladado a dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.