Buenos Aires, Argentina – El gobierno de Javier Milei ha emitido el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, una medida que limita el derecho a huelga y expande significativamente el listado de actividades consideradas "esenciales". Esta normativa establece que ciertos sectores deberán garantizar, de manera obligatoria, un funcionamiento de entre el 50% y el 75% de su capacidad operativa en situaciones de conflicto laboral.
El artículo 3 de la flamante regulación estipula: “Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”.
La norma detalla las exigencias para la prestación de estos servicios: “En lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare. En el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%”.
Según el nuevo decreto, las actividades que se considerarán servicios esenciales incluyen:
- La navegación por agua marítima y/o fluvial destinada al transporte comercial de personas, mercaderías, carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, abarcando todos los medios utilizados para tal fin. Esta medida tiene un impacto directo en la provincia de Santa Fe debido a sus puertos.
- La aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario, lo que incluye balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y el resto de los servicios portuarios.
- Los servicios aduaneros y migratorios, así como otros servicios vinculados al comercio exterior.
- Servicios sanitarios y hospitalarios, junto con el transporte y la distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos.
- Producción, transporte, distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles, y energía eléctrica.
- Servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales.
- El cuidado de menores y la educación en los niveles de guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial.
Esta medida se enmarca en una serie de desregulaciones que el gobierno impulsa en el sector de la marina mercante. El decreto cuenta con la firma del presidente Javier Milei y el aval de los ministros Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Mario Iván Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Federico Sturzenegger (Desregulación del Estado).
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