Un documento oficial de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) ha desatado una fuerte controversia al revelar la posibilidad de que se realicen tareas de vigilancia contra periodistas, economistas y ciudadanos que expresen críticas al gobierno de Javier Milei.
En las últimas horas, la SIDE ha oficializado un nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN), un documento "reservado" que establece las directrices estratégicas que guiarán la labor del organismo en los próximos años. Aunque el plan retoma prioridades históricas como la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, incorpora conceptos "ambiguos" que, según diversas interpretaciones, podrían abrir la puerta a "tareas de inteligencia" sobre actores internos, sin establecer límites claros.
El plan, elaborado bajo la conducción de Sergio Neiffert, jefe de la SIDE, consta de 170 páginas y detalla los intereses estratégicos del país, los objetivos generales de inteligencia y posibles acciones concretas. A pesar de que el documento está plagado de "formulaciones generales, zonas grises y definiciones abiertas", incluye pasajes que podrían interpretarse como "habilitaciones para vigilar a actores internos".
Uno de los puntos más sensibles es la posibilidad de "recolectar información" sobre quienes "erosionen la confianza pública" en los funcionarios responsables de la seguridad nacional. No se especifica si este concepto aplica únicamente a actores extranjeros o si también podría abarcar a ciudadanos, periodistas, académicos o especialistas que cuestionen, por ejemplo, los operativos de seguridad liderados por la ministra Patricia Bullrich.
Otra sección del PIN identifica como sujetos de interés a quienes generen o puedan generar una "pérdida de confianza" en las políticas económicas del Gobierno. El texto no especifica si esto alude a actores externos o si incluye a "economistas críticos, analistas o incluso a quienes el propio presidente Milei califica de 'econochantas'".
Según lo publicado por el diario La Nación, el documento menciona como prioridad de la SIDE el monitoreo de quienes busquen "manipular" a la opinión pública durante procesos electorales o promuevan "desinformación". Esta categoría, "nuevamente poco precisa", podría referirse tanto a operaciones extranjeras como a "periodistas y comunicadores" acusados desde el oficialismo de divulgar noticias falsas.
En línea con esto, se menciona el uso de "tecnologías emergentes", como la inteligencia artificial, para influir en la "percepción" y afectar los procesos "cognitivos" de la sociedad. La interrogante es si esto permitiría vigilar incluso a "influencers afines al oficialismo o funcionarios del propio gobierno" que intervienen en redes sociales durante períodos de veda electoral.
Consultado por La Nación, el vocero presidencial Manuel Adorni solicitó que se le enviaran preguntas por escrito sobre este tema, pero no respondió antes del cierre de la edición. Cabe recordar que la SIDE responde políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo, uno de los hombres más cercanos al presidente.
El plan señala además que los agentes de inteligencia deberán prestar atención a fenómenos asociados con la pobreza, la desigualdad y las migraciones internas, en tanto pudieran representar un riesgo para el "desarrollo integral" del país. Esta formulación, "sin mayores precisiones", deja abierta la posibilidad de "vigilancia sobre organizaciones sociales o movimientos territoriales".
También se plantea como prioridad el seguimiento de actores que incurran en "prácticas monopólicas o de cartelización". No se especifica cómo se compatibiliza esa función con el rol que desempeña la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
A nivel presupuestario, la SIDE recibió en mayo una ampliación de $25.250 millones, alcanzando un total anual de $80.872 millones, de los cuales $13.436 millones corresponden a "gastos reservados".
El Descargo del Gobierno
En un comunicado difundido el domingo por la tarde, el Gobierno afirmó: "Este es el primer gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos".
Además, subrayó que Javier Milei "ordenó reconstruir el Sistema de Inteligencia Nacional, destruido por las anteriores administraciones en su afán de saldar internas políticas abusando de sus recursos".
Destacaron, en tanto, que el Plan de Inteligencia Nacional es "un documento secreto que establece los lineamientos del Sistema de Inteligencia para promover los intereses estratégicos de la Argentina" y detallaron que al mismo "solo tienen acceso el Presidente, la Secretaría de Inteligencia y la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso de la Nación".
El comunicado de la Oficina del Presidente fue replicado por el propio Javier Milei, quien insistió en sus críticas al periodismo, al que acusó de ser "los mayores creadores de noticias falsas". Alconada Mon, autor del artículo de La Nación, ratificó en redes la información que publicó.
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