Desde las 8 de este martes, el fiscal José Luis Caterina lleva adelante la audiencia de imputación contra 17 acusados en el Centro de Justicia Penal por un esquema de fraude en la carga de combustibles de los patrulleros de la policía rosarina. La investigación, que se originó a partir de una denuncia anónima, derivó en la detención de trece efectivos policiales y cuatro civiles vinculados a una estación de servicios cercana a la Jefatura.
Los arrestos se produjeron el lunes de la semana pasada en el marco de 36 allanamientos ordenados por el fiscal Caterina. La pesquisa también motivó la intervención de la Unidad Regional II y la remoción de su titular, Daniel Acosta, quien no figura entre los sospechados.
En la sala de audiencias número 7 del Centro de Justicia Penal, jefes y subjefes de diversas áreas de la Jefatura enfrentan cargos por delitos contra la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Se espera que la formulación de la imputación por parte del fiscal se extienda hasta las 13 de este martes.
La audiencia continuará el miércoles con la presentación de los abogados defensores designados por los detenidos, bajo la presidencia del juez Gustavo Pérez de Urrechu. Dada la complejidad del caso y la posibilidad de debate sobre los hechos y eventuales pedidos de medidas cautelares, no se descarta que la audiencia se prolongue por una jornada adicional.
La investigación se inició en julio de 2024 tras una denuncia sobre facturas apócrifas de estaciones de servicio. Se detectaron compras con el sistema Visa Flota por montos superiores al combustible realmente cargado en los vehículos policiales. El gobierno provincial estima que esta operatoria generó un perjuicio económico de 45 millones de pesos mensuales.
Entre los policías imputados se encuentran el subcomisario Fabián Darío F., jefe de Perros y Caballería; el comisario inspector Rodrigo Sebastián D., jefe de la Secretaría Privada de la Jefatura; el comisario supervisor Gerardo R., jefe de Garaje de distribución de combustible de la URII; el subinspector Javier Norberto A., del Cuerpo Guardia de Infantería; el subinspector del Comando Radioeléctrico Sergio Darío L.; el comisario Juan P. de la Brigada de Orden Urbano; el inspector Juan Alberto V. de la Brigada Motorizada; el subinspector Fernando C., del Grupo Táctico Multipropósito; la empleada Nancy P., de la División Personal; Gustavo Adrián B., de la División Logística; el inspector Franco C. de la Policía de Investigaciones; y los uniformados Jorge Antonio D. y Mario Rodrigo B.
Los cuatro civiles citados a audiencia están vinculados a la empresa Gas Auto Tiferno, específicamente por maniobras realizadas en la estación de servicios Puma ubicada en Ovidio Lagos al 3900, un comercio actualmente clausurado a pocas cuadras de la Jefatura. Se trata de Mónica B., Daniel Alberto R., María Fernanda D.F. y Oscar Artemio C.
La investigación de la Fiscalía de Violencia Institucional se puso en marcha hace diez meses a partir de una denuncia anónima enviada por correo al fiscal Caterina. Los detalles revelan que el modus operandi consistía en la presentación de sobrefacturación: se efectuaban pagos por encima del costo real del combustible cargado en los patrulleros, generando un excedente que se distribuía con la complicidad de ciertos comercios.
En lugar de que cada responsable de un móvil policial cargara el combustible necesario, los encargados de la gestión logística concentraban varias tarjetas Visa Flota y realizaban pagos en el posnet de al menos una estación de servicio por importes mayores a lo consumido.
Tres de los efectivos detenidos durante los operativos fueron liberados el fin de semana tras un análisis de la evidencia. Se trata de Francisco T., del Cuerpo Guardia de Infantería; Ramón S., también del mismo cuerpo, del Comando Radioeléctrico; y la subjefa de Talleres Mecánicos Tarragona, Davina P. Fuentes de la Fiscalía indicaron que se evaluará si serán llevados a audiencia en libertad.
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