Impulsan la obligatoriedad de grupos electrógenos en edificios del centro

Un nuevo proyecto en el Concejo Municipal de Rosario busca generar un debate en el sector de la construcción y entre los consorcios. La iniciativa de la concejala Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) propone que los edificios ubicados en el área delimitada por el río Paraná, el bulevar 27 de Febrero y la avenida Francia estén obligados a instalar grupos electrógenos o fuentes alternativas de energía eléctrica. El objetivo principal es asegurar el funcionamiento continuo de ascensores, bombas de agua potable y sistemas de iluminación de emergencia frente a interrupciones prolongadas en el suministro eléctrico.

Según la propuesta, los planos de construcción de los nuevos edificios deberán incluir las especificaciones técnicas para la instalación de estas fuentes alternativas de energía, convirtiéndose en un requisito indispensable para la aprobación de los permisos de obra. Para los edificios ya existentes dentro del área delimitada, se estipula un plazo de 24 meses para adaptarse a esta normativa.

La concejala Gigliani destacó que la incorporación de fuentes alternativas como "paneles solares o baterías de respaldo" no solo garantizaría el funcionamiento de servicios básicos, sino que también podría contribuir a "la eficiencia energética y la reducción del impacto ambiental".

En sus fundamentos, Gigliani criticó el "escaso nivel de exigencia" del municipio hacia las constructoras, mencionando incluso la habilitación de proyectos electrodependientes que "saturan el servicio de la Empresa Provincial de la Energía (EPE)". La concejala enfatizó: "Dado que la administración municipal deja en manos de los desarrolladores y la especulación inmobiliaria la construcción de la ciudad de Rosario, pedimos que al menos éstos sean los que realicen las inversiones necesarias para que las edificaciones sean sustentables y cubran los servicios básicos de quienes los habitan".

La presentación de este proyecto se da en un contexto de creciente preocupación por los cortes de luz, que se han vuelto más frecuentes debido al aumento en la construcción de edificios y la consecuente demanda de servicios. Esta situación afecta especialmente a "adultos mayores y personas con movilidad reducida", quienes dependen de la energía eléctrica para el uso de ascensores, sistemas de salud y climatización.

Gigliani también advirtió que la falta de energía en edificios de altura "genera dificultades en el abastecimiento de agua, seguridad en accesos y comunicación", y que "el déficit de este servicio en horarios nocturnos compromete la seguridad pública y el bienestar de los ciudadanos, dificultando el acceso a las viviendas y el normal desempeño de las fuerzas de seguridad y emergencias médicas".

La concejala remarcó que "la calidad del servicio de energía eléctrica en la ciudad se ha resentido durante los últimos años, ya que se ha visto interrumpido con creciente frecuencia, afectando gravemente la vida cotidiana de los ciudadanos. Esto genera una necesidad de implementar soluciones alternativas para suministrar energía eléctrica a la ciudadanía".

La delimitación del área de aplicación del proyecto se justifica por la "gran densidad de edificaciones en altura" comprendida entre el río Paraná, el bulevar 27 de Febrero y la avenida Francia. Gigliani explicó que "este aumento en la construcción ha llevado a que la demanda de todos los servicios esenciales para las personas aumente de manera considerable, generando que las estructuras se vean desbordadas, bajando notablemente la calidad de los mismos".

Finalmente, la concejala señaló que ciudades como Córdoba y Buenos Aires ya cuentan con regulaciones similares. Además, recordó que en 2012, el entonces concejal Aldo Pedro Poy presentó una iniciativa similar ("bajo expediente N° 193019"), la cual "nunca fue considerada y que se encuentra en prescripción reglamentaria desde el 27 noviembre del año 2014".